Inicia el juicio a exmandos de la Armada argentina por el hundimiento del ARA San Juan

BUENOS AIRES — Ocho años después de una de las tragedias más significativas en la historia de la Armada argentina, cuatro exjefes de la fuerza se presentaron ante un tribunal el martes para ser juzgados por su supuesta responsabilidad en el hundimiento del ARA San Juan, un submarino que dejó un saldo de 44 tripulantes fallecidos.

El tribunal ubicado en Santa Cruz, en el sur del país, lleva adelante el proceso en el que los acusados se enfrentan a cargos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado, delitos que conllevan penas de prisión. Hasta el momento, no se ha procesado a ningún exfuncionario político por el incidente ocurrido en noviembre de 2017.

Los imputados son Claudio Villamide, exjefe comandante de la Fuerza de Submarinos; Héctor Alonso, extitular del Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos; Luis Enrique López Mazzeo, exjefe del Comando de Adiestramiento; y Hugo Correa, exdirector operativo de Comunicaciones. Todos ellos mantienen su inocencia.

El submarino de fabricación alemana desapareció el 15 de noviembre en aguas del Atlántico sur mientras navegaba desde Ushuaia, en el extremo austral de Argentina, hacia su base en Mar del Plata, 400 kilómetros al sur de Buenos Aires, tras participar en un ejercicio de adiestramiento.

El ARA San Juan había informado el 15 de noviembre sobre una avería por entrada de agua en las baterías a través del snorkel, aunque afirmaron que el incidente había sido solucionado. Horas después, se registró una explosión en la zona donde se perdió contacto con la embarcación.

La investigación judicial reveló que el submarino presentaba deficiencias operativas antes de zarpar el 25 de octubre de 2017 desde Mar del Plata. Según la fiscalía, desde su reparación en 2015, el submarino mostró múltiples desperfectos técnicos, documentados por los capitanes sucesivos.

"Aunque muchos de estos problemas fueron atendidos, los más graves persistieron hasta el momento en que el submarino emprendió su última navegación. Durante 2017, el capitán Pedro Martín Fernández informó a su superior, Claudio Javier Villamide, sobre estas cuestiones", sostiene la acusación.

Entre las solicitudes realizadas estaba el ingreso a dique seco del submarino para su revisión. La justicia reconstruyó que el agua que ingresó a través de los conductos de ventilación alcanzó un tanque de batería, provocando un cortocircuito y un incendio inicial, lo que a su vez causó un descenso descontrolado del submarino, culminando en su implosión a más de 600 metros de profundidad.

El sumergible fue localizado un año después de su desaparición, a 600 kilómetros al este del puerto de Comodoro Rivadavia. Familiares de las víctimas, agrupados en la querella y representados por Luis Tagliapietra, padre de uno de los tripulantes que fallecieron, consideran que este juicio es insuficiente para alcanzar justicia.

"La jueza a cargo de la investigación inicial, Martha Isabel Yañez, no realizó las pericias necesarias ni investigó a los responsables políticos", señalaron en un comunicado, aludiendo a los expresidentes Mauricio Macri (2015-2019) y Alberto Fernández (2019-2023).