HRW alerta sobre violaciones a derechos humanos en operaciones militares de Ecuador y EE.UU.

QUITO — La cooperación militar entre Ecuador y Estados Unidos para combatir grupos criminales transnacionales ha suscitado serias acusaciones de violaciones a los derechos humanos en el país andino, según un informe reciente de Human Rights Watch (HRW).

En declaraciones a la prensa, Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW, destacó que los operativos conjuntos suelen ser "muy espectaculares en televisión y redes sociales", pero a la vez representan un riesgo significativo para la población civil y resultan ineficaces en la lucha contra el crimen organizado.

El informe, publicado el lunes, menciona dos incidentes específicos que involucran la participación de militares estadounidenses. El primero ocurrió entre el 1 y el 6 de marzo en la comunidad de San Martín, en la frontera con Colombia, donde se llevaron a cabo ataques y la destrucción de propiedades bajo la acusación de que eran centros de entrenamiento para grupos armados colombianos. En este operativo, cuatro campesinos fueron detenidos y supuestamente torturados antes de ser liberados sin cargos.

Uno de los campesinos, que prefirió mantener su anonimato, relató que fue atado, golpeado y sometido a torturas, incluyendo ser sumergido en un tanque de agua y recibir descargas eléctricas, lo que lo llevó a perder la conciencia en varias ocasiones. Tras su liberación, no recibió ninguna explicación de las autoridades.

"Cuando los militares llegaron a la finca, nos hicieron botar al piso y preguntaron por personas que no conocíamos. Les dijimos que éramos simples trabajadores, pero igual nos golpearon", explicó el hombre.

HRW también indicó que no se encontraron evidencias creíbles que respaldaran las afirmaciones de que las propiedades destruidas estuvieran vinculadas a grupos armados. A pesar de ello, el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, general Francis L. Donovan, había elogiado públicamente la operación en la frontera.

El segundo incidente mencionado se refiere a ataques con drones a tres buques pesqueros ecuatorianos entre el 13 de enero y el 18 de marzo, que resultaron en cuatro pescadores heridos y ocho desaparecidos cerca de las Islas Galápagos. Sobrevivientes de estos ataques informaron que fueron abordados por hombres en uniforme militar estadounidense y transferidos a buques de la guardia costera salvadoreña, que luego los dejaron regresar a Ecuador.

HRW subrayó que ninguno de los gobiernos involucrados ha asumido responsabilidad por los incidentes. Ante consultas de la prensa, el Comando Sur afirmó no tener conocimiento de los ataques, y el Ministerio de Defensa de Ecuador no respondió a las solicitudes de comentarios.

Goebertus advirtió que esta situación debería servir como un llamado de atención a los gobiernos de América Latina que aceptan la cooperación de Estados Unidos en materia de seguridad.

Las relaciones entre Ecuador y Estados Unidos se han estrechado, especialmente tras la llegada al poder del presidente Daniel Noboa, quien en enero de 2024 declaró un conflicto armado interno, permitiendo el despliegue militar en las calles para apoyar a la policía en el control del orden público. Sin embargo, el año pasado fue el más violento de la historia del país, con más de 9.200 asesinatos, un aumento del 32% respecto a 2024.

En el marco de este renovado vínculo, Noboa ha recibido visitas de altos funcionarios estadounidenses, incluyendo a la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristie Noem, y ha participado en iniciativas como el Escudo de las Américas, una coalición militar destinada a enfrentar el crimen organizado transnacional.

Billy Navarrete, director del Comité Permanente por los Derechos Humanos de Ecuador, expresó su preocupación por la falta de respuesta ante las denuncias de abusos, afirmando que ambos gobiernos han ignorado las quejas.