Hijas de mujer fallecida por esterilización forzada exigen justicia en Perú

LIMA — Las hijas de una mujer peruana fallecida hace casi 30 años tras una esterilización forzada en el contexto de un programa de planificación familiar que afectó a más de 300.000 mujeres de bajos recursos, han solicitado a Perú que cumpla con la sentencia emitida recientemente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer.

Marisela Monzón, de 39 años, era solo una niña de 10 años cuando su madre, Celia Ramos, acudió a un centro de salud en los Andes en busca de atención dental. Según determinó la Corte, Ramos, que contaba con 34 años, fue sometida a presión y desinformación por parte de funcionarios de salud, quienes le realizaron una ligadura de trompas sin los equipos adecuados, lo que resultó en su muerte tras 19 días de sufrimiento.

"Estamos aquí representando a cada una de esas mujeres, miles, que sufrieron mucho hace tantos años", afirmó Monzón. "El hecho de que tuviéramos que buscar justicia en instancias internacionales evidencia la escasa ayuda que hemos recibido en nuestro propio país", agregó.

Su hermana Marcia, de 34 años, expresó que "a nivel personal" no tiene recuerdos directos de su madre. "Es algo que desde niña se me quitó, algo muy injusto que ninguna persona, ningún niño debe pasar", comentó.

Las hermanas contaron con el apoyo de Isabel Cedano, de la organización feminista DEMUS, y de Catalina Martínez, del Centro de Derechos Reproductivos, quienes se encargan de la defensa legal. La conferencia se llevó a cabo en un salón decorado con telas rojas y blancas, donde se exhibían más de 2.000 nombres de mujeres que fueron esterilizadas sin su consentimiento, así como pañuelos rojos con trompas de falopio impresas y la frase "Por Celia, por todas".

Este caso representa la primera sentencia emitida por la Corte IDH en relación a esterilizaciones forzadas realizadas por un programa nacional durante el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000). La Corte determinó que este plan estuvo dirigido desde los niveles más altos del Estado, afectando principalmente a mujeres pobres, rurales e indígenas.

Hasta el momento, el gobierno peruano no ha emitido un pronunciamiento respecto a la decisión de la Corte. La AP solicitó comentarios al Ministerio de Justicia, pero no hubo respuesta. Por su parte, la entonces primera dama Keiko Fujimori, actual candidata presidencial y hija del expresidente, tampoco ha realizado declaraciones.

El caso ha sido objeto de luchas durante décadas, con las mujeres esterilizadas y organizaciones feministas buscando justicia sin éxito. Las investigaciones de la Fiscalía han sido archivadas en múltiples ocasiones, siendo la más reciente en 2024, y actualmente hay 3.307 denuncias de esterilizaciones forzadas en busca de justicia.

Las indagaciones de la Fiscalía han revelado que el gobierno de Fujimori promovió esterilizaciones de mujeres en situación de pobreza a través de "festivales de salud" en aldeas remotas, donde se utilizaban engaños para llevar a cabo los procedimientos. El fiscal Pablo Espinoza relató ante un juez episodios de mujeres que se desmayaban en su camino a casa después de ser sometidas a estas prácticas.

La Fiscalía también señaló que se premiaba a los funcionarios de salud que lograban un mayor número de esterilizaciones, mientras que aquellos que no cumplían con las metas eran amenazados con despidos.

Según la Corte IDH, el gobierno de Fujimori ejecutó más de 314.000 esterilizaciones de mujeres y 24.000 de hombres, muchas de ellas realizadas bajo coerción y sin un consentimiento válido.

Las abogadas Cedano y Martínez enfatizaron que el caso de Perú es único, ya que no existe otro similar sobre un plan nacional de esterilizaciones forzadas que haya llegado a la Corte IDH. El tribunal ha ordenado a Perú pagar aproximadamente 340.000 dólares a la familia de Celia Ramos y ofrecer disculpas en un acto público, transmitido por los medios de comunicación.