Corte IDH condena a Perú por esterilización forzada de madre que falleció en 1997

LIMA — La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió el jueves una sentencia que condena a Perú por la esterilización forzada de una madre en 1997, quien falleció tras la intervención quirúrgica. La víctima, identificada como Celia Ramos, era madre de tres hijas y su caso se sitúa en el contexto de un programa nacional de planificación familiar implementado durante el gobierno del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000).

Este fallo es significativo ya que representa la primera condena de la Corte IDH, el máximo tribunal de Derechos Humanos en Latinoamérica, en relación con las esterilizaciones forzadas dirigidas a mujeres en situaciones de vulnerabilidad, especialmente de comunidades rurales e indígenas.

Según el comunicado de la Corte IDH, Celia Ramos tenía 34 años y residía en una aldea andina cuando, en busca de atención médica, fue sometida a una ligadura de trompas sin el consentimiento adecuado. Los funcionarios de salud la presionaron y no le proporcionaron la información necesaria sobre el procedimiento, ni los equipos adecuados para manejar emergencias.

Durante la operación, Ramos sufrió una severa reacción alérgica y fue trasladada a una unidad de cuidados intensivos, donde falleció 19 días después, el 22 de julio de 1997. Su familia no recibió información clara sobre las complicaciones que condujeron a su muerte y no se realizó una necropsia.

El esposo de Ramos, Jaime Monzón, presentó una denuncia contra el personal médico por lesiones graves que resultaron en la muerte de su esposa, pero la fiscalía archivó el caso, considerándolo un hecho fortuito. En 2002, tras múltiples denuncias, se inició una investigación sobre los responsables del programa de esterilizaciones, aunque esta fue archivada en varias ocasiones. Ante esta situación, la familia de Ramos llevó el caso a instancias internacionales.

La Corte IDH reveló que durante la implementación del programa nacional de planificación familiar, se realizaron más de 314.000 esterilizaciones de mujeres y 24.000 de hombres, muchas de las cuales se llevaron a cabo bajo coerción y sin el consentimiento válido, afectando mayormente a mujeres indígenas y en condiciones de pobreza extrema.

Como parte de la sentencia, la Corte ordenó a Perú a realizar reparaciones a la familia de Ramos, incluyendo el reembolso de gastos médicos y compensación por los ingresos que la víctima dejó de percibir a lo largo de su vida productiva.

En agosto de 2024, la justicia peruana anuló una acusación penal contra el ex presidente Fujimori por el caso de las esterilizaciones forzadas, lo que generó una nueva controversia, ya que la fiscalía había apelado esta decisión. Fujimori falleció el 11 de septiembre de 2024, y el caso ha retrocedido a la etapa de denuncia para determinar la responsabilidad de otros altos exfuncionarios.

A lo largo de dos décadas, activistas han protestado contra las esterilizaciones forzadas, utilizando símbolos como faldas y piernas manchadas de tinta roja y dibujos de trompas de falopio ensangrentadas, para visibilizar esta grave violación de derechos humanos.