Corte IDH responsabiliza a Colombia por el asesinato de un defensor de DDHH en 2000

BOGOTÁ — La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió un fallo el lunes, donde se establece que Colombia es responsable por el asesinato y otros abusos cometidos en 2000 contra Jesús Ramiro Zapata, defensor de derechos humanos y sindicalista, quien no recibió la protección necesaria a pesar de haber denunciado amenazas.

Zapata fue secuestrado y posteriormente ejecutado en Segovia, al noroeste del país, por individuos que se identificaron como miembros de grupos paramilitares, los cuales operaban ilegalmente contra las guerrillas de izquierda.

El tribunal destacó que los sucesos ocurrieron en un "contexto de violencia política estructural en Colombia", caracterizado por la estigmatización de la disidencia política y la persecución de defensores de derechos humanos, docentes y sindicalistas como Zapata, así como el "accionar de estructuras paramilitares frecuentemente en colaboración, tolerancia o aquiescencia de agentes estatales".

La mayoría de los paramilitares se desmovilizaron y entregaron sus armas entre 2003 y 2005, tras un acuerdo de paz que les permitió someterse a un tribunal especial con el beneficio de cumplir hasta ocho años de prisión.

Zapata, también docente y sindicalizado, había denunciado masacres en Segovia, en el departamento de Antioquia. Desde 1990, sufrió "hostigamiento estatal y paraestatal", que incluyó investigaciones penales infundadas que lo acusaban erróneamente de ser guerrillero, interceptaciones telefónicas y detenciones arbitrarias.

El tribunal determinó que el Estado colombiano "recopiló y utilizó de manera indebida e ilegal datos personales del señor Zapata en el marco de actividades de inteligencia, vulnerando su derecho a la autodeterminación informativa", según se indicó en el comunicado.

Durante el proceso, Colombia reconoció parcialmente su responsabilidad, admitiendo que Zapata fue objeto de labores de inteligencia ilegales y que la fuerza pública contribuyó a su situación de riesgo al "obligarlo" a desplazarse forzosamente, a pesar de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había ordenado en 1998 medidas cautelares a su favor.

El asesinato de Zapata permanece sin esclarecer, lo que llevó a la Corte IDH a concluir que el Estado incumplió su deber de debida diligencia en la investigación, evidenciando demoras injustificadas que impidieron la identificación y el juicio de los responsables.

El tribunal ordenó al Estado reparar a la familia de Zapata, impulsar y concluir la investigación sobre su asesinato, garantizar la rectificación y eliminación de los datos del defensor en los archivos de inteligencia y reconocer públicamente su responsabilidad por la muerte.