Guatemala se apura para preservar 60.000 testimonios de abusos durante la guerra interna

CIUDAD DE GUATEMALA — Guatemala se encuentra en una carrera contrarreloj para resguardar aproximadamente 60.000 testimonios documentados en los expedientes de víctimas del conflicto armado interno (1960-1996), quienes buscan justicia por los abusos sufridos. Este esfuerzo debe completarse antes de que finalice el mandato del presidente Bernardo Arévalo en enero de 2028.

Los testimonios fueron recopilados durante cerca de diez años por el Programa Nacional de Resarcimiento (PNR), creado en 2003 tras la firma de los Acuerdos de Paz que pusieron fin a la guerra. Sin embargo, durante los últimos ocho años, bajo las administraciones del expresidente Jimmy Morales (2016-2020) y Alejandro Giammattei (2020-2024), el programa fue desmantelado, dejando los testimonios sin protección adecuada.

"Cajas húmedas, amontonadas, expedientes incompletos y rotos" son algunas de las condiciones en las que se encontraron los archivos, según lo declarado por Erick Briones, auxiliar del archivo. Este esfuerzo forma parte de un proyecto respaldado por UNESCO, que busca recuperar el archivo del PNR y, eventualmente, designarlo como patrimonio documental del mundo, garantizando su acceso a quienes deseen conocer la historia del país durante ese periodo.

Entre los testimonios se encuentra el de Manuel Botom Uz, un niño desaparecido en 1982 a la edad de cuatro años. Su expediente detalla cómo él y sus cuatro hermanos fueron atacados en su comunidad en Quiché por miembros del ejército y patrulleros de autodefensa civil. Mientras sus hermanos fueron entregados a familiares, el cuerpo de Botom Uz fue encontrado veinte años después en una fosa clandestina.

"Hubo una intención de los gobiernos de Morales y Giammattei de borrar la memoria colectiva, destruir un patrimonio construido por muchos años con base en los testimonios de las víctimas. Por eso es importante recuperar esa memoria y los testimonios de las víctimas, resguardarlos y que pasen a ser parte de la memoria viva de este país", enfatizó Elvin Díaz, comisionado presidencial de Derechos Humanos.

En cajas de plástico azules, organizadas por departamento, se almacenan relatos de ejecuciones extrajudiciales, abusos sexuales, desapariciones forzadas y reclutamientos forzosos que, según informes, dejaron un saldo de 200.000 muertos y 45.000 desaparecidos durante el conflicto.

El futuro del proyecto incluye la digitalización de estos archivos para facilitar su acceso universal.

Un informe del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, que visitó Guatemala el mes pasado, destacó que "en los gobiernos de Morales y Giammattei operó una política sistemática de desmantelamiento de las instituciones para la paz y la justicia".

Los expedientes se integrarán al Plan de Reparación y Dignificación de las Víctimas del Conflicto Armado, anunciado recientemente por el presidente Arévalo, el cual busca centralizar la información dispersa en diversas instituciones públicas y organizaciones civiles para continuar el proceso de resarcimiento de las víctimas.