Fiscalía de Perú incauta propiedades en barrio más rico de Lima ligadas a exjefe de Odebrecht

LIMA (AP) — La fiscalía peruana anunció el viernes que incautó cuatro propiedades en Lima que están relacionadas con el exjefe local de Odebrecht, una constructora brasileña que ha admitido que pagó millonarios sobornos en varios países de Latinoamérica para adjudicarse obras de infraestructura.

En un comunicado, la sexta fiscalía de extinción de dominio indicó que los cuatro inmuebles, ubicados en San Isidro, el barrio capitalino más rico de Lima, valen unos 613.000 dólares y están registrados a nombre de dos hijas del exsuperintendente de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, un ingeniero de 62 años que vive en Brasil.

“La diligencia fiscal contra los inmuebles se da en cumplimiento a un mandato judicial por tratarse de bienes que tendrían origen ilícito y vinculados al caso Odebrecht”, indicó el Ministerio Público.

En enero, la justicia peruana requirió a Barata que se presente de forma virtual cada vez que sea requerido. También desactivó una orden de tres años de cárcel preventiva para Barata quien había perdido la condición de testigo para los juicios contra el expresidente Ollanta Humala (2011-2016) y la política Keiko Fujimori, por el dinero de Odebrecht que presuntamente habría ingresado en las campañas presidenciales de ambos.

En julio de 2024, la fiscalía incluyó a Barata como cómplice del delito de colusión agravada, en una investigación por un caso llamado “Gasoducto Sur Peruano”, un proyecto que buscaba construir un ducto de más de 1.000 kilómetros para transportar gas natural y brindar el combustible a miles de hogares.

Ese mismo mes, la fiscalía también rompió un acuerdo de colaboración eficaz con Barata. El pacto con la fiscalía se terminó luego que el brasileño “incumplió su obligación de declarar” como testigo en el juicio por presunto lavado de activos contra el expresidente Humala condenado en abril a 15 años de cárcel.

En 2016, Odebrecht admitió a la justicia de Estados Unidos que pagó millonarios sobornos en casi todo Latinoamérica para adjudicarse obras de infraestructura. Varios presidentes que gobernaron Perú desde 2001 tienen cuentas pendientes con la justicia por sus nexos con la constructora brasileña, que en 2020 cambió de nombre por Novonor.

Alejandro Toledo (2001-2006) está en una prisión peruana tras ser extraditado de Estados Unidos, el expresidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) también tiene prohibición de salida del país. Y Alan García, quien gobernó entre 1985 y 1990 y luego entre 2006 y 2011, se suicidó en 2019, pocos minutos antes de ser detenido, mientras era investigado por supuestos sobornos recibidos de Odebrecht.