Fiscalía de Perú denuncia por corrupción ante Parlamento a 24 congresistas y a expresidente Castillo

LIMA (AP) — La fiscalía general de Perú informó el viernes que denunció ante el Parlamento a 24 congresistas en funciones, al expresidente Pedro Castillo y a tres exministros, para que en julio de 2026, al término del periodo legislativo, puedan ser juzgados por presuntos delitos de corrupción por la justicia ordinaria.

En un comunicado, la fiscalía informó que tras una investigación concluyó que Castillo (2021-2022) habría liderado una presunta organización criminal integrada por los congresistas y exministros denunciados “con el fin de negociar votos congresales a cambio de direccionar licitaciones y contrataciones públicas” en los ministerios de Transportes, Vivienda y Producción.

También, de acuerdo con el expediente, se buscaba realizar licitaciones en la agencia de migraciones, en la policía y en la empresa nacional de puertos.

Los legisladores denunciados pertenecen a los partidos Acción Popular, Perú Libre y Bloque Magisterial.

Los delitos por los que están indagados incluyen organización criminal, tráfico de influencias, colusión agravada y cohecho. No son los únicos legisladores investigados. En total, más de la mitad de los 130 legisladores del parlamento peruano tienen denuncias por diversos delitos, según datos de la fiscalía.

Una vez que la fiscalía efectúa una denuncia ante el Parlamento, una comisión parlamentaria evaluadora decide si autoriza que ese funcionario, protegido por la inmunidad de su cargo, pueda ser juzgado por la Corte Suprema apenas deje sus funciones.

El expresidente Castillo está en prisión preventiva desde el 7 de diciembre de 2022, el día en que leyó un discurso ante las cámaras de la televisión pública para gobernar por decreto y en el que no fue respaldado por las fuerzas de seguridad. Fue detenido a la salida y la justicia ordenó tres años de prisión preventiva en su contra mientras es procesado judicialmente por presunta rebelión.

El Congreso lo destituyó ese día y su entonces vicepresidenta Dina Boluarte asumió el poder. Hubo tres meses de protestas en los Andes que dejaron 50 civiles fallecidos.

Castillo también enfrenta otra investigación en la fiscalía por otros actos de presunta corrupción durante su gobierno, que incluyen ascensos irregulares dentro del escalafón militar y la designación de un consorcio para construir un puente sin respetar supuestamente las bases de un concurso.