Fiscales se oponen a que Cristina Fernández cumpla su condena en casa

BUENOS AIRES (AP) — El martes, dos fiscales federales expresaron su oposición al pedido de la ex presidenta argentina Cristina Fernández de cumplir con la condena de seis años de prisión por corrupción en su domicilio en Buenos Aires. La decisión recaerá en el tribunal que impuso la pena y que deberá pronunciarse en las próximas horas.

Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola presentaron un dictamen ante el tribunal, argumentando que “no se configuran razones de salud o personales que permitan inferir que el encierro carcelario puede afectar el derecho a un trato digno” para la ex mandataria, que tuvo el cargo entre 2007 y 2015 y es líder del peronismo opositor.

Fernández, por su parte, argumentó que necesita cumplir la condena en su apartamento por cuestiones de seguridad personal, señalando que debido a su cargo de presidenta durante dos mandatos y a la normatividad vigente, tiene derecho a contar con custodia de por vida.

Además, hizo alusión a un intento de atentado del cual fue víctima hace cerca de tres años, mientras ocupaba la vicepresidencia de Argentina (2019-2023), lo que, según ella, justifica que deba estar en un lugar más seguro que una cárcel común. También mencionó que tener más de 70 años debería ser un factor atenuante según la ley.

Los fiscales sostuvieron que “la concesión no debe ser admitida automáticamente solo por la circunstancia de que la persona condenada esté incluida en alguno de los supuestos que enumera la ley”. Ante la posibilidad de que el tribunal optara por la prisión domiciliaria, indicaron que debía cumplirse la exigencia legal de colocar un “dispositivo electrónico de control” a Fernández.

La seguridad del domicilio propuesto fue también objeto de análisis, ya que los fiscales manifestaron dudas sobre si este ofrecía las condiciones adecuadas, considerando la ubicación del edificio y la afluencia de simpatizantes que han mostrado su apoyo a Fernández desde que la Corte Suprema ratificó su condena la semana pasada.

Aunque la resolución de los fiscales no es vinculante y el tribunal puede decidir lo contrario, Fernández vive actualmente en un apartamento junto a su hija y su nieta menor. La exmandataria se presentará ante el tribunal el miércoles para ser notificada de la sentencia. Sin embargo, el juzgado podría pronunciarse antes sobre su solicitud de prisión domiciliaria, haciendo efectiva la reclusión de inmediato en su lugar de residencia.

La condena se origina por haber causado pérdidas millonarias al Estado; el tribunal comprobó irregularidades en 51 licitaciones públicas para obras en la provincia de Santa Cruz durante su mandato, entre 2003 y 2015, periodo que incluye la presidencia de Néstor Kirchner, su fallecido esposo. Las obras fueron sistemáticamente adjudicadas al constructor Lázaro Báez, quien también fue condenado.

La sentencia de 2022 fue ratificada dos años después por la principal cámara penal y recientemente por el máximo tribunal del país. Fernández ha declarado ser “víctima de una persecución judicial” que busca sacarla del ámbito político, orquestada por sectores conservadores.

Una consecuencia de la condena es que la política peronista “no podrá presentarse como candidata a diputada provincial” en las elecciones de septiembre en Buenos Aires, ya que la pena conlleva además inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.