Familiares de víctimas en Chicago buscan soluciones contra la violencia

Delphine Cherry supo desde lo más profundo cuanto es difícil combatir los delitos violentos en Chicago. En 1992, su hija adolescente murió baleada en uno de los barrios más conflictivos de la ciudad, al quedar atrapada en un tiroteo entre pandillas. Veinte años después, en un suburbio al sur de la ciudad, le arrebataron la vida a su hijo.

“No piensas que vaya a sucederte dos veces en la vida”, manifestó.

Chicago lleva semanas preparándose para el despliegue de tropas de la Guardia Nacional prometido por el presidente Donald Trump, en la tercera ciudad más grande del país. Aunque Trump afirmó que las tropas ayudarían a combatir la delincuencia en una ciudad que describió como un “infierno”, su gobierno no reveló los detalles de la operación, incluyendo la fecha de inicio, su duración, el número de efectivos que participarán y qué papel desempeñarán en la aplicación de la ley civil.

Trump también dio rodeos sobre el envío de tropas a Chicago, a veces insistiendo en que actuaría de forma unilateral para desplegarlas y en otros momentos sugiriendo que preferiría mandarlas a Nueva Orleans o alguna otra ciudad en un estado donde su gobernador “quiera que entremos”. Esta semana indicó que Chicago es “probablemente la siguiente” después de que las tropas de la Guardia Nacional se desplegaran en Memphis.

Aunque durante algún tiempo Chicago tuvo una de las tasas de violencia armada más alta entre las ciudades más importantes del país, los gobernantes municipales y estatales se opusieron de forma abrumadora a la operación, que calificaron de teatro político. E incluso los que se vieron afectados de forma más directa, incluyendo quienes perdieron seres queridos a causa de la violencia, se preguntaron cómo el envío de tropas podría tener un efecto duradero en la lucha contra la delincuencia.

A pesar del secretismo que rodeó los planes para el despliegue en Chicago, la manera en que se utilizaron a las tropas de la Guardia Nacional en Los Ángeles y Washington, D.C., durante el verano de 2025 ofreció pistas. En junio, Trump movilizó a miles de soldados de la Guardia en Los Ángeles en medio de protestas contra la campaña migratoria de su gobierno. Aunque inicialmente se les asignó la protección de propiedades federales, las tropas también protegieron a agentes de inmigración durante redadas y participaron en una demostración de fuerza en un parque en un vecindario con un alto porcentaje de migrantes que, según las autoridades locales, tenía la intención de sembrar miedo.

En agosto, el presidente republicano anunció que la policía de Washington quedaba bajo su control y el despliegue de fuerzas federales para reducir la delincuencia y la indigencia. Los soldados patrullaron las inmediaciones de estaciones de metro y zonas turísticas de la capital, pero también se les vio recogiendo basura y rastrillando hojas en parques.

La Casa Blanca manifestó que en Washington se realizaron más de 2.100 arrestos en las primeras semanas después de que Trump anunciara la movilización. Y la alcaldesa, Muriel Bowser, atribuyó al despliegue federal una disminución de la delincuencia, incluyendo una caída del 87% en los robos de autos, pero también criticó los frecuentes arrestos migratorios efectuados por agentes de ICE con el rostro cubierto. No obstante, una tasa inusualmente alta de casos desestimados llevó a algunos, incluido al menos un juez, a preguntarse si la fiscalía tomaba decisiones sobre cargos antes de que los casos fueran investigados y evaluados adecuadamente.

Washington representaba un caso único, ya que se trataba de un distrito federal sujeto a leyes que otorgaban a Trump el poder de tomar el control de su fuerza policial por hasta 30 días. La decisión de usar soldados para intentar combatir la delincuencia en otras ciudades controladas por demócratas supondría una escalada significativa.

Sin embargo, el gobierno de Trump no indicó qué harían las tropas y en qué partes de Chicago operarían, pero prometió de forma explícita aumentar el número de agentes federales que velan por el cumplimiento de la ley de inmigración. Las políticas de santuario de la ciudad están entre las más estrictas del país y prohíben que la policía local coopere con la agencia migratoria federal.

Chicago no es la única ciudad gobernada por demócratas en la mira de Trump: también mencionó a Baltimore como posible objetivo. Sin embargo, el mandatario parece albergar un desprecio especial por la Ciudad del Viento y a principios de mes advirtió en una publicación en redes sociales con temática de “Apocalypse Now” que “Me encanta el olor de las deportaciones por la mañana. Chicago está a punto de descubrir por qué se llama el Departamento de GUERRA”.

Las críticas del presidente, sin embargo, suelen centrarse más en cómo abordan la delincuencia los líderes demócratas de la ciudad y el estado.

El alcalde, Brandon Johnson, y el gobernador de Illinois, JB Pritzker, han señalado repetidamente la disminución de la delincuencia en Chicago y han solicitado más financiamiento federal para programas de prevención en lugar del despliegue de la Guardia Nacional.

El año pasado, la ciudad registró 573 homicidios, o 21 por cada 100.000 habitantes, según el Instituto de Tecnología de Rochester. Esto representa un 25% menos que en 2020 y una tasa más baja que la de otras ciudades destacadas del país. Como en la mayoría de las grandes urbes, los crímenes violentos no se distribuyeron de forma uniforme en Chicago: la mayoría de los tiroteos ocurrieron en el sur y el oeste.

“Si se tratara de seguridad, entonces la administración Trump no habría recortado 158 millones de dólares en financiamiento federal para programas de prevención de la violencia este año”, observó Yolanda Androzzo, directora ejecutiva de la organización sin ánimo de lucro para la prevención de la violencia armada One Aim Illinois.

Después de la muerte de la hija de 16 años de Cherry, Tyesa, en el vecindario de Gold Coast por una bala perdida que un joven de 14 años disparó a miembros de una pandilla rival, la devastada madre trasladó a su familia a Hazel Crest, un suburbio al sur de la ciudad.

“Estábamos planeando el baile de graduación. Ella iba a ir a la universidad para ser enfermera”, recordó Cherry.

Su hijo, Tyler, falleció baleado en la entrada de la vivienda familiar en 2012, 20 años después de su hermana.

Aunque la muerte de sus hijos ha convertido a Cherry en una defensora de la lucha contra la violencia, siendo parte de la junta directiva de One Aim Illinois, no cree que la intervención de las tropas sirva para combatir la delincuencia en Chicago, sino que podría hacer que las calles sean más peligrosas.

“No van a hacer preguntas”, indicó Cherry sobre la Guardia Nacional. “Están entrenados para matar en el acto”.

Trevon Bosley, que tenía siete años cuando su hermano de 18, Terrell, fue asesinado a tiros en 2006 mientras descargaba tambores en el exterior de una iglesia antes de un ensayo de banda, también piensa que enviar tropas no es la respuesta.

“En Chicago hay mucho amor y mucha comunidad”, señaló Bosley, cuyo asesinato de su hermano sigue sin resolverse. “Hay comunidades que necesitan ayuda. Cuando se proporcionan esos recursos, se vuelven tan hermosas como el centro, tan hermosas como la zona norte”.

Como Johnson, Pritzker y otros críticos con el prometido despliegue de tropas, Bosley considera que una mejora del financiamiento significaría una diferencia positiva real en partes de la ciudad con las tasas más altas de delincuencia y pobreza.

“No es que tengamos escasez de policías”, comentó. “La Guardia Nacional y la policía aparecen después de que ha ocurrido un tiroteo. No aparecen antes. Eso no detiene ni salva a nadie”.