Fallo judicial en Nevada podría cambiar el panorama de la deportación

El gobierno del presidente Donald Trump modificó drásticamente la política migratoria el verano pasado al exigir que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) encarcele a todas las personas que enfrentan la deportación, incluso a aquellas que han residido en Estados Unidos durante décadas y carecen de antecedentes penales.

Sin embargo, un tribunal federal en Nevada emitió un fallo el martes en contra de esta política, argumentando que viola la legislación federal y causa un "daño irreparable" a los detenidos. La resolución, dictada por el juez de distrito Richard Boulware II, marca la primera vez que una demanda colectiva en Nevada anula una directiva del Departamento de Seguridad Nacional, lo que podría beneficiar a cientos de personas, permitiendo que hasta 60 solicitantes por semana pidan su liberación en el estado.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Nevada, que formó parte de la demanda, destacó que esta decisión podría permitir que miles de detenidos por inmigración no autorizada tengan la oportunidad de solicitar su liberación bajo fianza, aplicándose a inmigrantes que cumplan con los requisitos en todo el estado.

Este fallo representa un significativo avance para los defensores de los derechos de los inmigrantes en Nevada, quienes han criticado la creciente colaboración de los gobiernos locales con el servicio de inmigración (ICE). Desde que Trump asumió la presidencia, los arrestos por cuestiones migratorias se han incrementado en el estado, afectando en su mayoría a personas sin antecedentes de delitos violentos. Además, Nevada alberga uno de los centros de detención más congestionados del país.

"La decisión es enormemente trascendental", expresó Athar Haseebullah, director ejecutivo de la ACLU de Nevada, en una entrevista. "Si esta decisión se mantiene, la gente tendrá la oportunidad de volver con sus familias".

La política de "detención obligatoria" promovida por el gobierno de Trump ha sido criticada como un componente clave de su estrategia de deportaciones masivas. Esta norma no solo somete a más personas a la detención durante el proceso de impugnación de su deportación, sino que también les prohíbe solicitar que un juez de inmigración evalúe su liberación bajo fianza. Más de 100 jueces en todo el país han declarado esta política como una violación de los derechos al debido proceso, impidiendo que las personas cuestionen su detención.

El Tribunal de Apelaciones del 9º Circuito también falló recientemente a favor del gobierno de Trump en un caso similar, aunque dicha decisión solo afecta partes de California.

Antes de la implementación de esta política, los inmigrantes que no habían cometido delitos graves o que enfrentaban una orden de expulsión en la frontera podían solicitar fianza.

Funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional no han respondido hasta ahora sobre si planean apelar la decisión.

El impacto del fallo ya se está sintiendo. Michael Kagan, director de la Clínica de Inmigración de la Universidad de Nevada en Las Vegas (UNLV), que representa a clientes en riesgo de deportación, ha observado que ya se han concedido fianzas esta semana que, de otro modo, habrían sido denegadas. Kagan enfatizó que la posibilidad de que una persona sea liberada bajo fianza puede ser crucial, permitiéndole regresar a casa con su familia mientras espera novedades sobre su caso.

La decisión permitirá que extranjeros sin estatus legal o en procesos de expulsión en Nevada soliciten un amparo. Para el 7 de abril, el gobierno debe informar sobre el fallo en las áreas comunes de los centros de detención al momento de ingresar. Para el 14 de abril, los centros deben proporcionar formularios que permitan a las personas impugnar su encarcelamiento ante un tribunal, a través de una petición de habeas corpus.

Kagan añadió que, antes de la implementación de la norma de detención obligatoria, los jueces de inmigración solían negar sistemáticamente la fianza a aquellos considerados peligrosos para el público. "Esta política no tenía que ver con un peligro para el público", afirmó Kagan. "Sólo se trataba de encerrar a inmigrantes indocumentados".

El caso fue presentado por la Clínica de Inmigración de la UNLV y la ACLU de Nevada a finales de octubre en nombre de Victor Ramirez y Edgar Alcantar, quienes habían visto negadas sus audiencias de fianza. Ambos llegaron a Estados Unidos siendo menores y no tenían condenas penales. A los dos se les concedieron audiencias de fianza en noviembre, tras la presentación de la demanda.