El abogado de Maduro denuncia bloqueos de EEUU a gastos legales del gobierno venezolano

El gobierno de Estados Unidos ha prohibido a Venezuela cubrir los costos de defensa del expresidente Nicolás Maduro en un caso de narcotráfico en Nueva York. Esta acción podría interferir con su derecho constitucional a contar con un abogado, según argumenta su equipo legal.

El abogado Barry Pollack comunicó la situación la semana pasada a un juez federal en Manhattan, señalando que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos bloqueó la autorización de los honorarios legales que el gobierno venezolano debe pagar para la defensa de Maduro y la primera dama Cilia Flores, conforme a sus leyes y costumbres. Este correo fue agregado al expediente público del tribunal el miércoles.

Maduro y Flores se encuentran detenidos en Nueva York sin posibilidad de fianza desde su captura en su residencia en Venezuela, durante un operativo de las fuerzas armadas estadounidenses el 3 de enero. Ambos han declarado su inocencia.

La captura de los dos líderes venezolanos permitió al gobierno del expresidente Donald Trump ejercer una gran influencia sobre la actual presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez.

Rodríguez ha tomado medidas rápidas bajo presión estadounidense, abriendo la industria petrolera a la inversión de Estados Unidos, liberando prisioneros políticos y restableciendo comunicaciones directas con Washington, algo que no ocurría desde el cierre de la embajada de Estados Unidos en Caracas en 2019.

Pollack informó que el 9 de enero, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro había otorgado permiso a Venezuela para pagar los honorarios legales. Sin embargo, menos de tres horas después, la autorización fue retirada "sin explicación", aunque el permiso para pagar a los abogados de Flores se mantuvo.

La disputa por los honorarios legales de Maduro está estrechamente vinculada a la política exterior estadounidense. En 2019, el primer gobierno de Trump rompió relaciones con Maduro y reconoció al líder opositor de la Asamblea Nacional como el presidente legítimo de Venezuela. El actual presidente Joe Biden ha continuado con esta política.

Permitir que el gobierno de Rodríguez pague la defensa de Maduro podría complicar los esfuerzos de la fiscalía en el tribunal, ya que Maduro argumenta que su captura fue ilegal y que, como jefe de un Estado extranjero, tiene inmunidad ante un proceso penal según las leyes de Estados Unidos y el derecho internacional.

Una acusación formal de 25 páginas presenta a Maduro y a otros como cómplices de cárteles del narcotráfico, facilitando el envío de miles de toneladas de cocaína a Estados Unidos. Ambos enfrentan una posible cadena perpetua si son declarados culpables.

La acusación también menciona que Maduro y Flores supuestamente ordenaron secuestros, golpizas y asesinatos de personas deudoras en el narcotráfico, incluyendo el asesinato de un capo en Caracas.

El Departamento del Tesoro, la Casa Blanca y el Departamento de Justicia no han respondido a solicitudes de comentarios.

Pollack indicó que el 11 de febrero solicitó a la Oficina de Control de Activos Extranjeros que restableciera el permiso original para que Venezuela pudiera cumplir con su obligación de cubrir los costos de defensa de Maduro.

El abogado afirmó que Maduro "no puede costear de otro modo un abogado" y pedirá ayuda al juez para cubrir su defensa. Además, Pollack argumentó que Estados Unidos está "interfiriendo con la capacidad de Maduro de contratar un abogado y, por lo tanto, con su derecho a un abogado de su elección".