Ecuador anuncia 5.000 despidos y fusiones de ministerios para reducir el tamaño del Estado

QUITO (AP) — El gobierno de Ecuador anunció el jueves el despido inmediato de 5.000 empleados, especialmente del sector ejecutivo, y un plan de fusiones de ministerios y otros organismos para reducir el tamaño del Estado, pero negó que la medida sea una exigencia del Fondo Monetario Internacional.

La vocera presidencial, Carolina Jaramillo, explicó en rueda de prensa que la decisión del gobierno de Daniel Noboa “no tiene criterios políticos, sino técnicos” y se ejecuta con base en evaluaciones realizadas a las instituciones donde laboraban esos funcionarios.

Negó, asimismo, que las desvinculaciones tengan relación con una petición del FMI, días después de que el organismo multilateral elevara de 4.000 a 5.000 millones de dólares el programa de financiamiento a Ecuador. El Fondo, además, desembolsó a inicios de mes 600 millones de dólares.

El Estado ecuatoriano tiene cerca de medio millón de empleados públicos, según estimaciones oficiales, y según el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos, la tasa de desempleo a junio del 2025 se ubicó en 3,5%, mientras el subempleo —los trabajos que no llegan al mínimo legal en horas o salario— alcanzó un 19,6%.

Jaramillo aclaró que en esta reducción de personal no constan médicos, enfermeras, policías, militares ni empleados en condición vulnerable.

La vocera presidencial destacó que el plan anunciado también contempla la fusión de ministerios para reducir las 20 carteras actuales a 14. Las secretarías, que tienen rango de carteras de Estado, de nueve pasarán a tres. “Se reduce en un 41% el número de carteras que forman el poder ejecutivo”, detalló la funcionaria.

Entre las fusiones anunciadas, el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda se integrará con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas o el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos formará parte de la cartera de Gobierno.

Organizaciones gremiales como la Unión Nacional de Educadores advirtieron sobre la medida antes de que fuera anunciada y la calificaron como “un atentado contra la estabilidad laboral”.