Desestiman cargos a veterano que quemó bandera de EEUU en protesta frente a la Casa Blanca

WASHINGTON — El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha decidido solicitar la desestimación de los cargos contra un veterano del Ejército, Jay Carey, quien el año pasado quemó una bandera estadounidense cerca de la Casa Blanca en protesta por una orden ejecutiva del entonces presidente Donald Trump relacionada con la quema de banderas.

Carey, de 55 años y originario de Arden, Carolina del Norte, sirvió en el Ejército desde 1989 hasta 2012, participando en despliegues en Irak y Afganistán. Fue arrestado el 25 de agosto tras prender fuego a una bandera en el Parque Lafayette, un área administrada por el Servicio de Parques Nacionales.

El mismo día de su arresto, Trump firmó una orden ejecutiva que instaba al Departamento de Justicia a investigar y procesar a quienes quemaran la bandera estadounidense. Carey enfrentó dos cargos menores que no estaban directamente relacionados con la quema de la bandera: encender un fuego en un área no designada y causar daños a la propiedad o recursos del parque. En septiembre, se declaró no culpable.

La solicitud de desestimación presentada el viernes no especificó las razones detrás de esta decisión, y la fiscalía federal del Distrito de Columbia no respondió a solicitudes de comentarios el sábado.

La Corte Suprema ha determinado que la quema de banderas es una forma de expresión política protegida por la Constitución. La orden de Trump indicaba que la quema de una bandera podría ser procesada si "es probable que incite a una acción ilegal inminente" o se considera equivalente a "palabras de pelea".

"Mi intención era demostrar que la Primera Enmienda es sagrada y que ningún gobierno tiene derecho a usurpar nuestros derechos constitucionales", declaró Carey en un comunicado del Partnership for Civil Justice Fund. "Me alegra estar junto a todos los que luchan por nuestros derechos fundamentales y espero que esta victoria pueda ayudar a la próxima persona que decida alzar la voz".

Esto muestra a la gente que "la Constitución todavía importa", añadió Carey en una conversación telefónica el sábado.

Mara Verheyden-Hilliard, abogada de Carey y cofundadora del fondo, manifestó que el proceso no debió iniciarse. "El intento del gobierno de castigar penalmente a un manifestante por una conducta expresiva, seleccionada para su procesamiento por orden presidencial, planteó una grave amenaza a las libertades de la Primera Enmienda", enfatizó Verheyden-Hilliard en un comunicado.

"El cambio de postura del gobierno es una reivindicación crucial de esos derechos", continuó. "Este caso también sienta las bases para defender a quienes, en todo el país, son objeto de procesamientos vengativos por parte del gobierno de Trump en un esfuerzo por silenciar y castigar puntos de vista que no le agradan".