Deportados latinoamericanos en el Congo: una vida de incertidumbre y temor

DAKAR, Senegal — La situación que viven los 15 latinoamericanos deportados a la República Democrática del Congo ha sido calificada por el presidente congoleño como "vivir el sueño congoleño". Sin embargo, para estos deportados, la realidad se asemeja más a una pesadilla. Bajo la polémica campaña del gobierno del entonces presidente estadounidense Donald Trump contra la migración, estos individuos han sido forzados a dejar atrás sus vidas en un país que apenas conocen.

Una de las deportadas, una mujer colombiana de 29 años, relató a la agencia de noticias que su deportación se llevó a cabo bajo condiciones de grilletes, a pesar de contar con una orden de protección de un juez de inmigración en Estados Unidos. Tras ser confinada en un hotel con salidas supervisadas, enfrenta una decisión desgarradora: regresar a Colombia, donde podría ser perseguida, o permanecer en un lugar del que nunca había oído hablar antes de su llegada.

La mujer, quien prefirió mantenerse en el anonimato por miedo a represalias, compartió que su visa congoleña de tres meses está a punto de expirar, sin que exista un plan claro sobre su futuro. "¿Qué haría? No tengo idea, aquí estoy en un lugar totalmente desconocido, sin hogar, sin saber qué hacer", expresó.

La incertidumbre se intensifica con un reciente fallo de una corte federal en Estados Unidos que sugiere que el gobierno podría haber violado la ley al deportar a otro colombiano al Congo. Mientras tanto, el personal de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ha tomado un rol protagónico, supervisando a los deportados durante sus escasas salidas del hotel y limitando sus actividades.

La OIM ha permitido a los deportados salir una vez por semana, acompañados por personal de la organización. Sin embargo, la mujer relató que sus movimientos son controlados, y que el personal decide a dónde pueden ir y qué pueden comprar, lo que ha llevado a muchos a perder interés en las actividades que la OIM organiza.

La mujer colombiana y sus compañeros enfrentan la difícil decisión de aceptar un retorno a Colombia, donde un juez ha determinado que no pueden ser enviados de manera segura, o quedarse en el Congo sin apoyo. Esta situación ha sido criticada por su abogada, Alma David, quien argumenta que Estados Unidos ha violado sus derechos al deportarlos a un tercer país sin la oportunidad de impugnar su envío.

La República Democrática del Congo ha acordado recibir deportados de al menos ocho países africanos bajo condiciones que, según expertos legales, crean un vacío legal para Estados Unidos. La mayoría de estos deportados tenían órdenes legales de protección que los resguardaban de ser devueltos a sus países de origen.

El Departamento de Seguridad Nacional no ha respondido a las inquietudes sobre el caso de la mujer colombiana, pero ha defendido que los acuerdos de deportación a terceros países cumplen con el debido proceso según la Constitución estadounidense. El gobierno sostiene que estas medidas son necesarias para expulsar a extranjeros ilegales considerados criminales.

Los detalles del acuerdo entre la República Democrática del Congo y el gobierno de Trump son vagos, aunque el presidente congoleño Félix Tshisekedi lo ha descrito como un acto de buena voluntad, sin compensación financiera. Sin embargo, ha señalado que los migrantes pueden salir del país en cualquier momento.

"Es un gesto amistoso, simplemente porque era lo que querían los estadounidenses", declaró Tshisekedi, quien también reconoció que estos deportados se enfrentan a un futuro incierto en un país que probablemente no conocían. Grupos de derechos humanos han denunciado esta situación como una violación de los derechos internacionales de los refugiados, describiéndola como una "detención arbitraria por encargo para Estados Unidos".

La política actual del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) establece que si un gobierno ha garantizado que no perseguirá a los deportados, no se requiere ningún proceso adicional para su deportación. La mujer colombiana, que llegó a México en 2024 tras huir de amenazas en su país, relató que su camino hacia la deportación fue lleno de obstáculos, incluyendo un encarcelamiento prolongado y condiciones inhumanas.

Ahora, en un hotel cerca del aeropuerto de Kinshasa, se siente insegura y con la comida local causando problemas de salud. A pesar de la asistencia humanitaria que la OIM dice brindar, la mujer continúa en un limbo, ansiosa por saber qué será de su vida en un entorno que le resulta completamente ajeno.