Demandan a Trump por ataque a bote que dejó dos muertos en el Caribe

WASHINGTON — Las familias de dos ciudadanos trinitenses que perdieron la vida en un ataque a un barco, llevado a cabo por la administración de Donald Trump en octubre pasado, han interpuesto una demanda contra el gobierno federal, describiendo el asalto como un crimen de guerra y parte de una "campaña militar estadounidense sin precedentes y manifiestamente ilegal".

Este caso representa el primer reclamo por muerte por negligencia relacionado con los numerosos ataques que la administración ha ejecutado desde septiembre contra embarcaciones en el Mar Caribe y el Océano Pacífico oriental. La acción legal desafía la justificación de estos ataques, que el gobierno defiende como necesarios para frenar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Sin embargo, numerosos expertos en derecho sostienen que estos actos constituyen una clara violación de las leyes de conflicto armado.

La demanda también refleja las inquietudes manifestadas sobre estos ataques, indicando que se han realizado sin la autorización del Congreso y en un contexto en el que no hay conflicto militar entre Estados Unidos y los cárteles de drogas.

"Estas muertes premeditadas e intencionales carecen de cualquier justificación legal plausible. Por lo tanto, fueron simplemente asesinatos, ordenados por individuos en los niveles más altos del gobierno y obedecidos por oficiales militares en la cadena de mando", afirma el documento de la demanda.

La subsecretaria de prensa de la Casa Blanca, Anna Kelly, defendió el ataque del 14 de octubre, argumentando que "se llevó a cabo contra narcoterroristas designados que traían veneno mortal a nuestras costas".

La denuncia fue presentada por la madre de Chad Joseph y la hermana de Rishi Samaroo, quienes formaban parte de un grupo de seis personas que fallecieron en el ataque con misiles contra una lancha que se dirigía de Venezuela a Trinidad y Tobago. Según la demanda, los hombres no eran miembros de ningún cártel, sino que estaban pescando y regresaban a casa.

Ambos habían conseguido un viaje de regreso a Las Cuervas, su comunidad pesquera, en una lancha que fue atacada en un hecho que fue anunciado por el presidente Trump en su plataforma Truth Social. Las seis personas a bordo perdieron la vida.

La demanda sostiene que "estos asesinatos fueron injustos porque ocurrieron fuera de un conflicto armado y en circunstancias donde los fallecidos no representaban una amenaza concreta, específica e inminente de muerte o lesión física grave, y donde existían medios distintos a la fuerza letal que podrían haberse empleado razonablemente para neutralizar cualquier amenaza".

Este caso es el primero que cuestiona la legalidad de los ataques en los tribunales, según Jen Nessel, portavoz del Centro para los Derechos Constitucionales, que presentó la demanda en un tribunal federal de Massachusetts, junto con la ACLU y otras organizaciones.

Nessel también mencionó que se ha solicitado información bajo la Ley de Libertad de Información para esclarecer la justificación legal detrás de los bombardeos.

Jeffrey Stein, abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles, explicó que la demanda busca daños compensatorios y punitivos que se determinarán tras un juicio. "No creemos que sea algo a lo que podamos ponerle una cantidad exacta en dólares. Pero estamos buscando una compensación que contribuya a lograr justicia por estos abusos de poder realmente atroces", indicó.

Además, la demanda pretende evitar futuros ataques, con la esperanza de que un tribunal estadounidense desestime las "absurdas afirmaciones" de la administración Trump sobre su autoridad para llevar a cabo estos ataques ilegales.

Desde el inicio de estos ataques, el número de fallecidos ha ascendido a al menos 126, incluyendo a 116 personas que murieron de inmediato en al menos 36 ataques ejecutados desde principios de septiembre. Otras 10 personas se consideran desaparecidas tras los ataques.