Decisión judicial impide arrestos en tribunales de inmigración en EE.UU.

Un juez de Estados Unidos determinó el martes que el gobierno federal no puede realizar arrestos en los tribunales de inmigración, marcando un importante revés para las políticas implementadas tras la llegada del expresidente Donald Trump al poder. Esta medida busca poner fin a una práctica que se había normalizado desde su administración.

El juez federal Casey Pitts, de San Francisco, argumentó que la revocación de una política histórica que prohibía los arrestos en estos tribunales no fue el resultado de un proceso de toma de decisiones adecuado, sino de una "ausencia total de razonamiento". En su fallo, Pitts subrayó que las autoridades no consideraron el "efecto disuasorio" que los arrestos podrían tener sobre las personas que deben presentarse a sus audiencias.

"Durante 80 años, el Congreso ha exigido que las agencias federales reflexionen antes de actuar", afirmó el juez, refiriéndose a la Ley de Procedimiento Administrativo, una normativa de 1946 que obliga a las agencias a justificar sus acciones. Según Pitts, esta ley no requiere que una agencia elija la decisión que un tribunal consideraría más adecuada, pero sí debe ofrecer fundamentos sólidos para justificar su camino.

Esta decisión representa el segundo golpe para las políticas de arresto en tribunales desde mayo, cuando un juez federal en Nueva York también prohibió estas prácticas, aunque en ese caso la orden solo aplicaba a dicha jurisdicción. La reciente resolución, en cambio, afecta a todo el país.

El director jurídico del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), James Percival, criticó el fallo, considerándolo una extralimitación del poder judicial. Percival expresó en redes sociales que "cuando un juez condena a un acusado, el acusado queda bajo custodia. Si un juez de inmigración ordena la expulsión de un extranjero, debería ocurrir lo mismo. Que un juez de distrito ordene lo contrario es un activismo judicial descarado al servicio de una agenda antiestadounidense de fronteras abiertas".

Desde la llegada de Trump a la presidencia, muchas audiencias en el país se han cerrado con casos desestimados por parte del gobierno, lo que facilitó que agentes encubiertos llevaran a cabo arrestos en los pasillos de los tribunales, en coordinación con abogados del DHS.

Pitts, quien fue nombrado por el presidente Joe Biden, criticó al gobierno por llevar a cabo arrestos y por mantener a los individuos en celdas por más tiempo del límite permitido de 12 horas.