Crisis de desplazamiento en México: la violencia de cárteles arrasa comunidades

TULA, México — En medio de la violencia desatada por cárteles en Guerrero, María Cabrera, de 74 años, y su familia se vieron obligados a huir hacia las montañas, dejando atrás su hogar y sus pertenencias. La angustia de Cabrera se manifiesta al revisar los restos de su vida, donde las llamas consumieron todo lo que conocía. 'Oh, Dios mío, ¿por qué nos has abandonado?', se lamenta mientras observa las cenizas de lo que fue su colchón y su hogar de 60 años.

La situación en la región es crítica, con un aumento en el número de personas desplazadas debido a la violencia de grupos criminales. Expertos describen este fenómeno como una crisis invisible, con escasas cifras oficiales sobre el número de desplazados, quienes a menudo carecen de recursos tras ser forzados a abandonar sus hogares.

Cabrera y su familia fueron parte de un creciente número de desplazados en Guerrero, un estado que ha sufrido por décadas la fragmentación de cárteles que luchan por el control territorial. El ataque de un grupo conocido como Los Ardillos fue devastador, utilizando explosivos lanzados desde drones y disparando contra la policía comunitaria, lo que resultó en la destrucción de viviendas y la muerte de ganado.

'Aquí ya no podemos vivir', afirma Cabrera, quien regresó a su pueblo para recoger algunas pertenencias y se despidió de sus animales. La violencia ha llevado a muchas familias a huir hacia refugios temporales, como canchas de basquetbol, mientras otros buscan escapar en vehículos hacia diferentes regiones del país.

El Concejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) estima que al menos 800 personas fueron desplazadas en esta ola de violencia, mientras que el gobierno mexicano reporta cifras mucho más bajas, indicando solo 120 desplazados. Un líder comunitario sostiene que en su pueblo, la cifra podría ser de 280.

Las imágenes de familias, incluidas mujeres y niños, llorando y pidiendo ayuda han impulsado al gobierno a desplegar 1.200 soldados y policías en la región, afirmando que han proporcionado asistencia a los desplazados y establecido corredores seguros para la ayuda humanitaria. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que el objetivo es preservar la vida de la población civil.

A pesar de los esfuerzos, críticos argumentan que el gobierno minimiza la profundidad de la crisis. A diferencia de Colombia, México no cuenta con un registro exhaustivo de personas desplazadas. En 2025, se estimó que cerca de 250.000 familias se vieron obligadas a huir de sus hogares debido a la violencia del crimen.

La Universidad Iberoamericana documentó más de 44.000 personas que abandonaron sus hogares entre 2024 y 2025, muchas de las cuales buscan refugio en Estados Unidos. Prisco Rodríguez, un representante local, destacó la desolación de las comunidades, afirmando que la mayoría de los desplazados no se manifiestan por miedo.

María Cabrera y su esposo, Alejandro Venancio Bruno, enfrentan la difícil decisión de su futuro. Sus hijos les han sugerido mudarse a Ciudad de México o Querétaro, pero el temor y la falta de recursos les hacen sentir que comenzar de nuevo es una tarea monumental.