El gobierno mexicano interviene en Guerrero tras ola de violencia y desplazamientos

CIUDAD DE MÉXICO — La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó el miércoles que fuerzas federales y estatales llegaron a dos comunidades del estado de Guerrero, para garantizar la seguridad de los habitantes tras los recientes ataques de grupos criminales que forzaron el desplazamiento de más de 120 personas.

En su conferencia matutina, Sheinbaum destacó que, el día anterior, se levantaron los bloqueos viales que los pobladores habían impuesto, lo que había impedido el acceso de las autoridades a las comunidades de Alcozacán y Coatzingo, ubicadas en el municipio de Chilapa, en las montañas de Guerrero.

La mandataria indicó que, tras el levantamiento de los bloqueos, se proporcionaron alimentos a los afectados y se atendió a seis heridos. Además, aseguró que los funcionarios permanecerán en la zona para atender y proteger a los pobladores, buscando pacificar la región "mediante el diálogo".

Más de mil efectivos del Ejército y de la Guardia Nacional, junto a 200 policías estatales, cinco helicópteros, ambulancias y personal médico fueron desplegados en la región.

Los bloqueos fueron consecuencia de los ataques violentos ocurridos la semana pasada en las comunidades de Chilapa, donde los grupos criminales Los Ardillos y Los Tlacos fueron señalados como responsables. Según el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, los delincuentes utilizaron explosivos caseros lanzados desde drones y armas de alto poder para atacar a los pobladores.

Organizaciones comunitarias y religiosas han denunciado que Los Ardillos han intentado apoderarse de las tierras de la zona durante años, en un contexto de disputa territorial con otras bandas criminales.

A pesar de la intervención del gobierno, aún no se han esclarecido las razones detrás de los ataques y enfrentamientos de la semana pasada en Chilapa. La Secretaría de Gobernación comunicó que el incidente provocó el desplazamiento de 120 personas, aunque otros informes de grupos comunitarios indican que alrededor de 800 familias se vieron obligadas a abandonar sus hogares.

Los pobladores han manifestado su intención de no abandonar sus comunidades. Para atender a los desplazados, las autoridades les han proporcionado colchonetas, cobertores y generadores de luz. Sin embargo, la disparidad en las cifras de desplazados ha suscitado críticas, ya que algunos representantes comunitarios, como Javier Rodríguez de la CIPOG-EZ, sostienen que el gobierno tiende a minimizar el impacto de la situación.