Panorama local
05/06/2025 | 11:25
Redacción Cadena 3
WASHINGTON (AP) — La Corte Suprema de EE.UU. rechazó el jueves una demanda de 10.000 millones de dólares que México había interpuesto contra los principales fabricantes de armas en el país, acusándolos de contribuir a la violencia generada por los cárteles. Este fallo unánime desestimó el caso bajo las leyes estadounidenses que, en gran medida, protegen a los fabricantes de armas de responsabilidad cuando sus productos son utilizados para actividades delictivas.
Fabricantes reconocidos, como Smith & Wesson, habían apelado ante la Corte después de que un tribunal de menor instancia permitiera que la demanda continuara bajo una excepción relacionada con acusaciones de violaciones legales por parte de estas empresas. México solicitó a los magistrados que permitieran que el caso avanzara, argumentando que aún se encontraba en sus primeras etapas.
La demanda se originó en 2021, cuando el gobierno mexicano presentó una acción judicial amplia contra algunas de las principales compañías de armas, que incluyen a Smith & Wesson, Beretta, Colt y Glock.
El gobierno de México sostiene que al menos el 70% de las armas utilizadas en el país provienen de Estados Unidos. Según la denuncia, las empresas estaban al tanto de que sus productos eran vendidos a traficantes que luego introducían esas armas de forma ilegal a México, aprovechando un mercado que les beneficiaba.
A pesar de las estrictas leyes que rigen la posesión de armas en México, donde solo existe una tienda autorizada para su venta, miles de armas son contrabandeadas por poderosos cárteles de drogas cada año.
Las empresas de armas han refutado las acusaciones de México, argumentando que la demanda no demuestra que sean responsables por la utilización de sus productos en actos de violencia. Un juez federal había desestimado previamente la demanda basándose en una ley de 2005 que ofrece protección a las empresas de armas de la mayoría de los litigios civiles. Sin embargo, un tribunal de apelaciones revivió el caso, observando que posiblemente caía bajo una excepción legal que contempla situaciones en las que se acusa a las empresas de violaciones conscientes de la ley en sus procedimientos comerciales.
Esta excepción ha sido evidenciada en otros casos, incluyendo acciones judiciales derivadas de tiroteos masivos. Familias de víctimas del tiroteo de 2012 en Sandy Hook argumentaron que esta norma era válida para su demanda, ya que el fabricante del arma había infringido las leyes estatales en su comercialización del rifle AR-15 utilizado en el ataque, en el que murieron 20 niños y seis educadores. Eventualmente, las familias llegaron a un acuerdo significativo de 73 millones de dólares con Remington, el fabricante del rifle.
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Esta historia fue adaptada de un artículo de AP con la asistencia de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
[Fuente: AP]
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