Corte Suprema de EEUU analiza controversia sobre ciudadanía por nacimiento

WASHINGTON — Una mujer argentina, tras el nacimiento de su hijo en Florida el año pasado, se apresuró a conseguirle un pasaporte estadounidense, considerándolo una prueba de su nacionalidad. Sin embargo, ahora se encuentra en medio de una disputa legal relacionada con una orden ejecutiva del presidente Donald Trump que busca negar la ciudadanía a niños nacidos en Estados Unidos de padres que se encuentren en el país de manera ilegal o temporal.

"Es curioso, porque reservé la cita para la solicitud del pasaporte antes de que él naciera", comentó la mujer de 28 años, mientras su hijo de 7 meses dormía. Habló bajo condición de anonimato, por recomendación de sus abogados, ante el temor de represalias del gobierno. Ella expresó: "Me alivia que al menos él esté protegido".

La Corte Suprema escuchará argumentos el próximo miércoles sobre si la orden de Trump, firmada el 20 de enero de 2025, se ajusta a la 14ª Enmienda, que otorga ciudadanía a todas las personas nacidas en el país, salvo algunas excepciones. Todos los tribunales que han analizado el tema han determinado que la orden es ilegal y han impedido su implementación.

El debate sobre la revocación de la ciudadanía por nacimiento se inscribe en un contexto más amplio de acciones del gobierno de Trump contra la inmigración, que incluye un aumento en las deportaciones y la reducción del número de refugiados admitidos. El caso actual proviene de Nueva Hampshire, donde el juez federal Joseph N. LaPlante dictaminó que la orden probablemente viola tanto la Constitución como la ley federal.

Constitución vs. orden ejecutiva

La Cláusula de Ciudadanía de la 14ª Enmienda establece que son ciudadanos "todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción". El caso se centra en la interpretación de la última parte sobre la jurisdicción, que también se ha utilizado en leyes de ciudadanía de 1940 y 1952.

Trump argumenta que las personas en situación ilegal o temporal no están "sujetas a la jurisdicción" estadounidense y, por lo tanto, sus hijos no tienen derecho a la ciudadanía. El procurador general D. John Sauer ha afirmado que el tribunal debería usar este caso para corregir "malentendidos de larga data sobre el significado de la Constitución" y lo ha comparado con decisiones históricas que han marcado un cambio en la interpretación de derechos fundamentales.

El año pasado, la jueza Sonia Sotomayor calificó los intentos del gobierno de Trump de sostener la orden como "una tarea imposible" según el texto constitucional y la ley federal. Esta perspectiva fue respaldada por otros dos jueces liberales en una disidencia ante una decisión de la mayoría conservadora del tribunal.

Impugnando a Trump

Las madres y defensores que cuestionan la orden han argumentado que los fundamentos del gobierno carecen de sustento. Según Cecillia Wang, directora legal de la Unión Americana de Libertades Civiles, "tenemos al presidente de Estados Unidos intentando reinterpretar radicalmente la definición de ciudadanía estadounidense". Más de un cuarto de millón de bebés nacidos en Estados Unidos cada año se verían afectados por esta orden, afectando no solo a inmigrantes indocumentados, sino también a aquellos que están legalmente en el país.

La mujer argentina, quien llegó a Estados Unidos en 2016 con una visa para estudiar, expresó su angustia ante la posibilidad de que las restricciones entraran en vigor, especialmente en estados como Florida. Sin embargo, a pesar de las preocupaciones, reafirmó su amor por el país, que le ha dado "lo más hermoso": su familia.