Corte Suprema abordará apelación sobre salarios de migrantes en centro de detención

WASHINGTON (AP) — La Corte Suprema de Estados Unidos acordó el lunes escuchar la apelación de GEO Group, una empresa privada de prisiones, involucrada en una demanda donde se le acusa de forzar a inmigrantes detenidos a trabajar a cambio de un salario de un dólar diario.

La apelación se presentó tras la decisión de un juez que se negó a desestimar la demanda iniciada en 2014, la cual sostiene que los detenidos eran forzados a llevar a cabo trabajos de limpieza y otras tareas sin una compensación adecuada, recibiendo solo un dólar diario que apenas cubría el costo de sus alimentos escasos.

GEO Group argumentó que estas demandas son una forma indirecta de oponerse a las políticas de inmigración federales, asegurando que sus tarifas de pago cumplen con las normas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de EE.UU.

Defensa de la empresa y opiniones de los migrantes

Los representantes de la empresa sostuvieron que los migrantes no pueden presentar una demanda porque operan la instalación en Aurora, Colorado, en nombre del gobierno, que tiene inmunidad ante este tipo de reclamos.

Por su parte, los abogados de los migrantes argumentaron que el litigio se centra únicamente en la compensación deficiente que reciben, la cual consideran inaceptable y sin justificación contractual.

Progreso del caso en la corte

Un juez de un tribunal de menor instancia permitió que la demanda procediera y, posteriormente, la Corte Federal de Apelaciones del 10º Circuito determinó que no podría revisar las afirmaciones de inmunidad antes del juicio. GEO Group expuso ante la Corte Suprema que los contratistas gubernamentales deberían poder plantear este tema en una apelación de forma rápida.

GEO Group, con sede en Florida, es uno de los proveedores privados de servicios de detención más significativos en el país, gestionando o siendo propietario de unas 77.000 camas en aproximadamente 98 instalaciones. Entre sus contratos, figura un nuevo centro de detención de inmigración federal, donde el alcalde de Newark, Ras Baraka, fue arrestado en una protesta el mes pasado.

Demandas similares han sido presentadas por inmigrantes en otras regiones, como un caso en el estado de Washington que resultó en una orden de pago de más de 23 millones de dólares a la empresa involucrada.

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El periodista de Associated Press Mike Catalini, desde Trenton, Nueva Jersey, contribuyó a este despacho.

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Esta noticia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.