Desafíos y decisiones judiciales
02/06/2025 | 14:53
Redacción Cadena 3
WASHINGTON (AP) — El gobierno del presidente Donald Trump volvió a plantear, el lunes, su solicitud ante la Corte Suprema para que se habiliten planes de recorte en la fuerza laboral federal, a pesar de la oposición manifestada por sindicatos y diversas ciudades a través de una demanda presentada.
La petición se realizó después de que un tribunal de apelaciones se negó a interrumpir la orden de un juez de California que bloqueó los recortes, los cuales son impulsados por el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, en inglés).
En una decisión de 2 a 1, un panel del Tribunal Federal de Apelaciones del 9no Circuito concluyó que la reducción del personal tendría repercusiones significativas en el sistema de seguridad alimentaria del país y en la atención médica de los veteranos.
La jueza federal de distrito, Susan Illston, en su fallo del mes pasado, argumentó que el gobierno federal precisa del visto bueno del Congreso para llevar a cabo ajustes significativos en los efectivos de la administración pública.
El gobierno presentaba una solicitud para que los jueces intervinieran desde el mes anterior, pero revirtió su apelación por cuestiones técnicas y legales. La reciente solicitud se suma a una serie de apelaciones de urgencia que sostienen que los jueces federales sobrepasaron su autoridad.
En el nuevo escrito, el procurador general D. John Sauer acusó a la decisión de Illston de basarse en una "premisa indefendible" referente a que el presidente necesita una autorización explícita del Congreso para ejercer su autoridad bajo el Artículo II sobre decisiones internas de personal en el poder ejecutivo.
Trump ha subrayado en repetidas ocasiones que los votantes le otorgaron un mandato para reformar el gobierno federal, delegando la tarea a su cercano colaborador Elon Musk al frente de la iniciativa a través del DOGE, aunque Musk dejó su puesto la semana pasada.
Se reporta que decenas de miles de empleados federales han sido despedidos o se han acogido a programas de renuncia diferida. Aunque no se dispone de una cifra oficial, se ha indicado que al menos 75,000 empleados han tomado la renuncia diferida y miles de trabajadores en periodo de prueba han sido despedidos.
La orden de Illston obliga a varias agencias federales a frenar la implementación de la orden ejecutiva sobre la fuerza laboral firmada en febrero, así como un memorando posterior emitido por el DOGE y la Oficina de Gestión de Personal. Esta decisión afecta a departamentos como Agricultura, Energía, Trabajo, Interior, Estado, Tesoro y Asuntos de Veteranos, entre otros.
La Corte Suprema ha fijado plazo hasta el próximo lunes para recibir la respuesta de sindicatos y ciudades demandantes, incluyendo a Baltimore, Chicago y San Francisco.
Varios sindicatos y organizaciones sin fines de lucro también son partícipes en otra demanda en San Francisco que cuestiona los despidos masivos en periodo de prueba. En este caso, el juez William Alsup había ordenado la reincorporación de esos trabajadores en marzo, pero la Corte Suprema bloqueó posteriormente esa orden.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP, con asistencia de herramientas de inteligencia artificial generativa.
[Fuente: AP]
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