Corte federal bloquea ley californiana que requería identificación a agentes federales

LOS ÁNGELES — Un tribunal federal de apelaciones decidió el miércoles suspender una ley de California que obligaba a los agentes federales de inmigración a portar identificación. Esta resolución se considera un nuevo revés para las iniciativas del estado que buscan restringir las agresivas tácticas migratorias del gobierno del presidente Donald Trump.

El gobierno federal argumentó que la legislación podía comprometer la seguridad de los agentes, quienes ya enfrentan acoso y violencia, además de que contravenía la Constitución al intentar regular las actividades del gobierno federal.

Un panel de tres jueces del Tribunal Federal de Apelaciones del 9.º Circuito emitió una orden judicial que impide la implementación de la ley mientras se tramita la apelación. Esta decisión ya había frenado la entrada en vigor de la medida anteriormente.

Este fallo podría influir en otros estados que están considerando implementar regulaciones similares para los agentes de inmigración.

La ley en cuestión formaba parte de dos importantes iniciativas aprobadas por California a finales del año anterior, diseñadas para limitar las acciones de los agentes federales tras una campaña intensa contra la inmigración ilegal en el sur del estado. La otra propuesta buscaba prohibir que la mayoría de los agentes del orden portaran el rostro cubierto, algo que ha generado inquietudes entre activistas debido a la participación de agentes encubiertos en operativos de redadas y arrestos públicos.

El gobierno federal impugnó ambas leyes en los tribunales en noviembre. Un juez federal ya había bloqueado la ley que prohibía el uso de cubiertas faciales, argumentando que esta discriminaba al gobierno federal, ya que no se aplicaba a los patrulleros estatales.

En una audiencia de apelación, los abogados del Departamento de Justicia señalaron que la ley de identificación visible buscaba regular al gobierno federal, infringiendo así la Cláusula de Supremacía de la Constitución. El tribunal de apelaciones estuvo de acuerdo, señalando que la ley "intenta regular directamente a Estados Unidos en el desempeño de sus funciones gubernamentales".

Los abogados de California defendieron que la ley era aplicable a todos los agentes del orden y no discriminaba al gobierno federal, argumentando que era esencial para abordar preocupaciones de seguridad pública.

El tribunal también desestimó los argumentos de seguridad pública, afirmando que la iniciativa violaba derechos constitucionales, y que "todos los ciudadanos tienen interés en defender la Constitución".

El primer fiscal federal adjunto, Bill Essayli, calificó la decisión como una "enorme victoria legal". Por su parte, la oficina del fiscal general de California, Rob Bonta, está revisando la orden y ha expresado su preocupación por el uso de tácticas de inmigración por parte del gobierno federal que pueden poner en riesgo la seguridad pública y las libertades civiles.