Corte de Esuatini permite a migrantes deportados de EE.UU. acceder a abogados tras 9 meses

CIUDAD DEL CABO, Sudáfrica — El Tribunal Supremo de Esuatini decidió que cuatro hombres, enviados allí por Estados Unidos en julio del año pasado, pueden finalmente reunirse con un abogado. Estos hombres, parte del programa de deportación a terceros países del gobierno del expresidente Donald Trump, habían estado sin asesoría legal presencial durante nueve meses mientras estaban recluidos en una prisión de máxima seguridad.

Un tribunal inferior ya había determinado que el abogado local Sibusiso Nhlabatsi, quien representa a los hombres junto con sus colegas en Estados Unidos, podía reunirse con ellos. Sin embargo, el gobierno de Esuatini apeló de inmediato esta decisión.

En un fallo emitido el jueves, el Tribunal Supremo desestimó los argumentos del gobierno de Esuatini, que sostenía que los deportados no deseaban reunirse con Nhlabatsi y que no tenían derecho a asesoría legal, ya que no habían sido arrestados ni acusados de ningún delito en Esuatini.

Esuatini, que es gobernado por un rey y es la última monarquía absoluta de África, ha sido criticado por reprimir movimientos prodemocracia, a veces de manera violenta.

La abogada Alma David, del despacho Novo Legal Group en EE.UU., que representa a dos de los hombres, expresó que el tiempo que tomó permitirles acceder a un abogado "dice mucho sobre la lucha del gobierno de Esuatini para negarles a estos hombres los derechos más básicos".

Los cuatro hombres, originarios de Cuba, Yemen, Laos y Vietnam, han podido comunicarse por teléfono con sus abogados en EE.UU. Esuatini es uno de al menos ocho países africanos que han acordado recibir migrantes deportados por EE.UU., como parte de una estrategia para expulsar rápidamente a quienes se encuentran en el país sin autorización legal y que no pueden ser devueltos a sus países de origen.

Sin embargo, el programa ha sido objeto de críticas por permitir violaciones a los derechos legales de los deportados, quienes son enviados a países donde no tienen vínculos. Aunque las autoridades estadounidenses insisten en que han seguido el debido proceso, han transferido la responsabilidad del trato a los deportados a los gobiernos que los reciben.

La portavoz del gobierno de Esuatini, Thabile Mdluli, comunicó a la prensa que "la sentencia aún es reciente, y el Gobierno todavía no se ha reunido para considerar posibles medidas futuras, si fuera necesario".

El gobierno de EE.UU. ha afirmado que los cuatro hombres fueron condenados por delitos graves y tenían órdenes de deportación. Sin embargo, sus abogados argumentan que cumplieron sus condenas en prisiones estadounidenses y que su detención en el Complejo Correccional Matsapha es ilegal, dado que no han sido acusados de ningún delito en Esuatini.

Además, Estados Unidos acordó pagar a Esuatini 5,1 millones de dólares para aceptar deportados, y ha recibido al menos 19 desde julio, con la posibilidad de mantenerlos en prisión hasta un año. Dos de ellos han sido repatriados.

Otros países africanos que han aceptado deportados incluyen Sudán del Sur, Ruanda, Uganda, Ghana, Camerún, Guinea Ecuatorial y la República Democrática del Congo. Sin embargo, muchos detalles de estos acuerdos son secretos, incluyendo la duración de la detención de algunos deportados.

Un informe del Senado de EE.UU. indicó que se han gastado al menos 40 millones de dólares para deportar a aproximadamente 300 migrantes a países diferentes de los suyos, incluidos países africanos y de Centroamérica. Hasta la fecha, se han acordado o están en negociación 47 acuerdos de deportación entre EE.UU. y terceros países.