Controversia por la crisis de desaparecidos en México y la ONU

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La crisis de personas desaparecidas en México, que se acerca a los 133.000 casos, ha desatado una polémica entre el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada (CED). Este organismo ha amenazado con elevar la situación a la Asamblea General de la ONU para que evalúe acciones de prevención, investigación y erradicación de las desapariciones forzadas.

La mandataria respondió el lunes con firmeza a un informe del comité, que sostiene que hay "indicios fundados" de que las desapariciones forzadas en México constituyen "crímenes de lesa humanidad". "No se tomaron en cuenta las acciones que hemos realizado y no se relacionan con los colectivos ni el trabajo que hacemos para erradicar el delito vinculado a la delincuencia organizada", expresó Sheinbaum, rechazando el informe y señalando que se basa en casos de cuatro estados entre 2009 y 2017, extrapolando los resultados hasta 2025.

Además, la presidenta minimizó la importancia del comité, afirmando que no es un organismo de la ONU, sino "un comité de expertos vinculado a la ONU". En su conferencia matutina, anunció que buscará comunicarse directamente con el responsable del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU en México para explicar las acciones que se están llevando a cabo y los motivos de su desacuerdo con el informe.

El comité se defiende

Ante las críticas del gobierno mexicano, Juan Pablo Albán, presidente del CED, defendió la labor del organismo en su cuenta de X, señalando que las diferencias jurídicas y políticas son comprensibles en el contexto del diálogo internacional, pero enfatizó la importancia de respetar a los órganos de supervisión de derechos humanos. También recordó que los miembros del comité no deben estar sujetos a influencia o presión de un Estado.

Albán refutó las críticas de Sheinbaum, afirmando que el CED sí forma parte del sistema de la ONU, recordando que fue creado por tratados internacionales adoptados por los Estados miembros. Además, explicó que el análisis de la situación de desaparecidos en México no se limita a un periodo cerrado, sino que examina su evolución hasta la actualidad, destacando el "constante aumento" de casos como un indicio de la magnitud del problema.

Retrocesos y avances

En medio de la controversia, familiares de víctimas de desapariciones forzadas ocurridas en 2018 en Nuevo Laredo, Tamaulipas, llevaron a cabo un acto de protesta por la inacción de las autoridades. Ericka Arredondo, una de las familiares, denunció que la Fiscalía General de la República no ha localizado a ninguno de los 32 desaparecidos desde entonces, incluyendo a su hijo Julio César.

La problemática de las desapariciones en México se remonta al último tercio del siglo XX, pero se intensificó a partir de 2006, con el inicio de la guerra contra el crimen organizado, sin que hasta la fecha se haya logrado contener la situación. En respuesta, Sheinbaum anunció reformas para agilizar las búsquedas y presentó una revisión del registro nacional de personas desaparecidas, aunque organizaciones humanitarias han criticado las debilidades en los registros, evidenciando la impunidad en el país.

La controversia se avivó en marzo de 2025, cuando un colectivo denunció el hallazgo de restos óseos y prendas en el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, utilizado por el Cártel Jalisco Nueva Generación como centro de entrenamiento. La situación sigue generando tensiones y reclamos en un país que enfrenta una crisis humanitaria por la desaparición de miles de personas.