Crisis de desaparecidos en México: informe de la ONU y respuesta del gobierno

CIUDAD DE MÉXICO — Un comité de la ONU que se dedica a investigar las desapariciones forzadas en México desde 2015 ha publicado un informe que detalla la gravedad de este fenómeno, el cual continúa en aumento y se caracteriza por la persistencia de la impunidad. En su informe, el comité afirma que las autoridades mexicanas, tanto por acción como por omisión, han contribuido a esta crisis.

Ante la falta de avances significativos en la materia, el organismo internacional solicitó a la Asamblea General que evalúe la situación y sugiera medidas para enfrentar la crisis, argumentando que México no puede resolver el problema por sí solo. Esta acción representa un recurso inédito por parte de la ONU.

El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha desestimado el informe, calificándolo de "tendencioso" y carente de rigor jurídico. Por otro lado, el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, una de las organizaciones no gubernamentales más relevantes en el ámbito, ha calificado el informe como "la evaluación más contundente del fracaso del Estado mexicano" en relación con la crisis de desapariciones desde 2006.

Las familias de las víctimas han celebrado el pronunciamiento del comité, aunque se sienten frustradas ante la respuesta oficial y se preguntan qué pasos seguirán. Hasta el momento, se estima que hay más de 132.000 desaparecidos en el país y alrededor de 72.000 restos humanos no identificados en diversas morgues y fosas.

La situación ha sido especialmente crítica desde 2006, cuando se intensificó la lucha contra el crimen organizado, lo que provocó un aumento drástico en las cifras de desapariciones. A pesar de que el gobierno anterior intentó depurar el registro de desaparecidos, el proceso ha sido cuestionado por su falta de transparencia.

El gobierno actual ha argumentado que no tiene suficientes datos para buscar a un tercio de los desaparecidos, sugiriendo que otro tercio podría haber tenido actividad después de su desaparición, lo que implica que solo un tercio requiere búsqueda activa. Esta afirmación ha sido recibida con críticas por parte de colectivos de familiares, quienes consideran que las autoridades no han explicado adecuadamente su metodología.

En el diagnóstico presentado por la ONU, se concluye que hay "indicios bien fundados" de que las desapariciones forzadas se han llevado a cabo como crímenes de lesa humanidad. El informe subraya que, aunque no hay una política federal que ordene estos crímenes, sí hay patrones de ataque sistemáticos que involucran a las autoridades, ya sea por complicidad o por su inacción.

En respuesta, México ha afirmado que la mayoría de las desapariciones son obra de cárteles y que la falta de diligencia en las investigaciones no implica complicidad del Estado. El gobierno ha calificado la decisión del Comité de "sesgada" y ha defendido sus esfuerzos legislativos y de coordinación con las familias para abordar el problema.

A pesar de la existencia de una ley general sobre desapariciones desde 2017, así como protocolos y comisiones de búsqueda, tanto las ONG como los académicos señalan que ha faltado coordinación entre los distintos niveles de gobierno, recursos adecuados y voluntad política para enfrentar la crisis de manera efectiva.

El comité ha solicitado a la Asamblea General apoyo técnico en áreas como búsqueda y análisis forense, así como asistencia financiera para poder esclarecer la verdad y proteger a las familias afectadas. Sin embargo, no se ha determinado aún cuándo se discutirá este tema en la Asamblea, ni qué propuestas se presentarán.

Las familias de las víctimas, como es el caso de Guadalupe Fernández, quien busca a su hijo desde hace 17 años, continúan presionando a las autoridades y buscando ayuda internacional. La respuesta del gobierno a las recomendaciones de la ONU ha dejado a muchos de ellos en un estado de desesperanza, con la sensación de que, a pesar de los avances legales, la implementación sigue siendo un desafío.