Bukele promulga reformas para cadena perpetua a menores y adultos en El Salvador

SAN SALVADOR — El presidente salvadoreño Nayib Bukele firmó el miércoles reformas constitucionales que establecen la aplicación de la cadena perpetua a menores y adultos por delitos graves como homicidio, feminicidio, violación y pertenencia a pandillas. Estas reformas fueron aprobadas el mes pasado por la Asamblea Legislativa, que está bajo el control del partido de Bukele.

Las nuevas disposiciones determinan que se impondrá este castigo a los autores o cómplices de estos delitos a partir de los 12 años. Además, se establece que la pena será revisada de manera obligatoria según el tipo de infracción y si el menor ha cometido uno o varios delitos, o si existen agravantes en el caso.

A partir del 26 de abril, comenzarán a operar los nuevos juzgados de lo criminal, que reemplazan a los jueces de menores. Estos nuevos magistrados tendrán la responsabilidad de revisar de forma obligatoria las penas de cadena perpetua cada cinco años, dependiendo de la edad y la cantidad de delitos cometidos por el reo.

Para los menores condenados, la revisión se realizará tras 25 años de prisión, mientras que para los adultos será a los 30 años. En el caso de aquellos condenados por múltiples delitos, el tiempo se extiende a 35 años, y a 40 años para delitos con agravantes, según lo estipulado por las reformas.

Anteriormente, la Ley Penal Juvenil permitía penas de hasta 20 años para menores de 16 años y hasta 10 años para aquellos que ya cumplían 12. Estas modificaciones ocurren en un contexto de reformas constitucionales impulsadas por Bukele, las cuales han sido criticadas por el debilitamiento del sistema democrático en el país.

Desde marzo de 2022, Bukele ha estado en una guerra contra las pandillas, que comenzó con la declaración de un estado de emergencia ante una ola de violencia. Esta medida, prorrogada casi cuatro años, ha permitido la detención de aproximadamente 91.650 personas, de las cuales Bukele afirma que 8.000 son inocentes. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos han denunciado detenciones arbitrarias y han presentado quejas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), acusando que la mayoría de los detenidos lo fueron sin causa justificada.

La implementación de estas reformas refleja la postura firme del gobierno de Bukele en su lucha contra la delincuencia, aunque también ha generado preocupaciones sobre el respeto a los derechos humanos y el debido proceso en el país.