Arzobispo y rabino se suman al diálogo entre el gobierno y bananeros en Panamá

CIUDAD DE PANAMÁ (AP) — El presidente panameño, José Raúl Mulino, apostó a la mediación de figuras religiosas para poner fin a las protestas que han agitado el país por casi dos meses: un arzobispo y un rabino se unieron a las negociaciones con los bananeros de Bocas del Toro.

Esta provincia, ubicada en la región occidental de Panamá y dedicada mayoritariamente a la producción de banano para exportación, enfrenta una semiparálisis desde hace casi siete semanas debido a las manifestaciones contra una ley que modifica el sistema de pensiones en el país, regulación que ha provocado protestas en otras regiones.

Pese a que el gobierno ha insistido en que no revertirá la reforma y asegura que esta no perjudica a los trabajadores bananeros, los mismos han continuado una huelga considerada ilegal por las autoridades judiciales, lo que llevó a Chiquita Brands a despedir a cerca de 5.000 empleados.

Las protestas no disminuyeron. El viernes, Mulino comunicó que envió una carta personal a Francisco Smith, dirigente sindical a la cabeza de las movilizaciones, y para facilitar la entrega, recurrió a las autoridades religiosas: el arzobispo de Panamá y el rabino Gustavo Kraselnik.

"He concluido una reunión muy importante con monseñor José Domingo Ulloa y el rabino Gustavo Kraselnik y les he entregado una carta personal para que monseñor Ulloa actúe de mensajero y se la entregue al dirigente Smith en Bocas del Toro", declaró el mandatario durante su conferencia semanal, reprogramada para el viernes.

En su carta, el presidente se comprometió a presentar ante la Asamblea Nacional una nueva legislación para el sector bananero.

“Hemos aceptado ser puente para encontrar una solución a este conflicto”, manifestó Ulloa, según un comunicado de la Presidencia. No es la primera vez que la Iglesia católica desempeña un rol mediador en conflictos sociales en Panamá. En 2022, Ulloa facilitó el diálogo tras protestas por el aumento en el precio de combustibles y alimentos, y en 2018, también actuó como intermediario en otra crisis entre distintas ramas del Estado.

Smith, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria del Banano, ya había manifestado previamente su disposición al diálogo. En declaraciones ofrecidas antes de la conferencia presidencial, anunció que los líderes sindicales viajarían a la capital el próximo lunes para reunirse con la presidenta de la Asamblea Nacional y presentar 14 puntos. Sin embargo, subrayó que se requerían modificaciones a artículos de la reforma de pensiones de la Ley 462, así como una nueva norma para el sector bananero.

Smith lidera desde el 28 de abril una huelga contra la referida ley, aprobada en marzo, argumentando que pone en riesgo derechos laborales del sector bananero, reconocidos en otra norma —la Ley 45— que concede beneficios especiales a trabajadores y productores independientes, incluyendo atención médica, subsidios y protecciones laborales.

El prolongado paro ha tenido un impacto considerable en Bocas del Toro, donde, además de haber despedido a miles de trabajadores, Chiquita Brands cesó operaciones “temporalmente”. Según Mulino, el gigante bananero planea liquidar a más de 1.000 empleados restantes la próxima semana.

Para abordar el conflicto con los bananeros, el gobierno presentó la idea de enviar al Parlamento una nueva versión de la ley que regula el sector, la Ley 45, aunque no se mostró dispuesto a modificar la reforma de pensiones. Mulino condicionó el debate legislativo en torno a esta última a que se levanten los bloqueos. “No habrá diálogo nacional ni provincial sobre la Ley 462”, argumentó, afirmando que fue aprobada “a través de métodos democráticos en el país”. El gobierno defiende su reforma alegando que no amplía la edad de jubilación ni incrementa las cuotas de cotización, y que mejora diversos aspectos para los pensionados.

Aunque los efectos más severos de las movilizaciones se han concentrado en Bocas del Toro, el descontento social también ha crecido en otras áreas del país. En Darién, al sureste, grupos indígenas intentaron bloquear la carretera Panamericana el jueves, lo que desató enfrentamientos con la policía, resultando en varios heridos y una casa incendiada.

En la capital, sindicatos y estudiantes también marcharon. El gremio docente se encuentra en huelga, y las autoridades anunciaron la intención de retener salarios a cerca de 15.000 profesores. Las protestas más frecuentes en Ciudad de Panamá —donde el comercio, transporte y turismo no han sido tan afectados— ocurren cerca de la Universidad de Panamá, con enfrentamientos recurrentes que involucran gases lacrimógenos y carros cisterna.

Tres líderes sindicales se encuentran actualmente enfrentando procesos judiciales. Según el gobierno, el sindicato de la construcción Suntracs, al que pertenecen —considerado el más fuerte históricamente— está siendo investigado por supuestas irregularidades económicas desde 2022.

Por otro lado, se suman las protestas en torno al futuro de una polémica mina de cobre clausurada en 2023, también tras semanas de movilizaciones, y el rechazo a un memorándum de seguridad entre Panamá y Estados Unidos, que ha suscitado críticas por considerarlo una pérdida de soberanía. Ambos gobiernos han negado que represente un intento de restablecer bases militares estadounidenses en el país, como argumentan sus detractores.