Allanamiento en la sede del partido Agrupación Nacional en Francia por financiación ilegal

La sede del partido Agrupación Nacional (RN) en París fue objeto de un allanamiento llevado a cabo este miércoles por miembros de la brigada financiera y dos jueces, según informaron fuentes de Francia.

El líder de la RN, Jordan Bardella, expresó su preocupación ante lo que considera un "ensañamiento" hacia el partido, en declaraciones recogidas por el medio RFI.

Esta operación se enmarca dentro de una investigación judicial que fue iniciada en julio de 2024, la cual busca esclarecer sospechas de financiación ilegal en las campañas para las elecciones presidenciales y legislativas de 2022, así como las europeas de 2024, tal como indicó la fiscalía de París.

En marzo, el partido ya había sido sentenciado en un juicio por malversación de fondos públicos europeos, resultando en la inhabilitación de su líder Marine Le Pen durante cinco años.

Bardella notificó que el allanamiento comenzó a las 08:30, y que se incautaron "todos los correos, documentos y elementos de contabilidad" relacionados con la agrupación.

"Sin que sepamos cuáles son exactamente los motivos", agregó Bardella. Además, indicó que el registro incluyó "las oficinas de los dirigentes" y se llevaron los expedientes de las elecciones recientes, tanto regionales como las presidenciales y las legislativas.

"Es un grave ataque contra el pluralismo y la alternancia democrática", afirmó Bardella, quien reiteró su percepción de un "ensañamiento" contra el partido, que se mantiene como líder en las encuestas para la primera vuelta de las próximas elecciones presidenciales.

El sistema judicial francés investiga desde julio de 2024 la existencia de préstamos ofrecidos por particulares al movimiento de extrema derecha, tras una denuncia presentada por la Comisión Nacional de Cuentas de Campaña y Financiamiento Político (CNCCFP).

Las pesquisas buscan determinar si tales campañas se financiaron mediante “préstamos ilegales de particulares”, así como establecer la posibilidad de que se hubiera facturado al Estado “sobrecostos” o “servicios ficticios”, tal como explicó la fiscalía.