Acuerdo entre obispos y gobierno español para compensar a víctimas de abusos del clero

MADRID — Los obispos católicos de España y el gobierno del país han avanzado en el proceso de compensación a las víctimas de abusos sexuales perpetrados por miembros del clero, incluyendo aquellos que han fallecido o cuyos casos son demasiado antiguos para ser judicializados. Este lunes se firmó un documento que establece el funcionamiento del nuevo sistema de reparación, el cual comenzará a operar el 15 de abril.

En enero, los obispos acordaron que el defensor del Pueblo tendría la autoridad final sobre la compensación que la Iglesia otorgará a estas víctimas. Este nuevo acuerdo incluye un plazo de un año para que las víctimas presenten sus denuncias, lo que representa una concesión significativa por parte de la jerarquía católica, que busca resolver los conflictos existentes entre el gobierno y las autoridades eclesiásticas en torno a las reparaciones.

El arzobispo Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal Española, indicó que el documento no especificará montos de compensación para las víctimas. Este acuerdo es notable, ya que aunque muchos países de Europa han implementado planes de compensación, la participación del estado en el proceso español es inusual.

El ministro de Justicia, Félix Bolaños, destacó que el nuevo sistema evaluará las reparaciones de manera individual, considerando factores como la gravedad de los casos, la edad de las víctimas y la recurrencia de los abusos. En años recientes, España ha comenzado a enfrentar su pasado en relación a los abusos sexuales cometidos por sacerdotes y el encubrimiento por parte de obispos y superiores religiosos, lo que ha sido impulsado en gran medida por reportes del diario El País.

Las Cortes Generales de España encomendaron al defensor del Pueblo investigar estos casos, y en 2023, se presentó un informe exhaustivo que revisó 487 casos conocidos, sugiriendo que el número de posibles víctimas podría alcanzar cifras alarmantes. Sin embargo, los obispos han cuestionado esta estimación, afirmando que han identificado 728 abusadores dentro de la Iglesia desde 1945, la mayoría de los cuales operaron antes de 1990, y que el 60% de ellos ya ha fallecido.

Conforme al nuevo acuerdo, las víctimas podrán acudir al Ministerio de Justicia para presentar su solicitud inicial, que será revisada por el defensor del Pueblo. Este propondrá un paquete de compensación que será evaluado por la comisión de la Iglesia. En caso de que no se logre un acuerdo, se formará una comisión conjunta con representantes de la Iglesia, del defensor del Pueblo y de asociaciones de víctimas. Si esta comisión no llega a un consenso, prevalecerá la decisión del defensor del Pueblo, como explicó Bolaños en enero.

Bolaños calificó el acuerdo como un hito a nivel mundial en la lucha contra los abusos dentro de instituciones religiosas.