Un tiro al piso

La conducta de Martín Insaurralde es obscena y escandalosa. La imagen de su pálido torso expuesto a los rigores del sol del Mediterráneo en la cubierta del “Bandido” fue una especie de cachetada al rostro de un país impactado unas horas antes por un índice de pobreza que superó la marca del 40 por ciento.

Al ex intendente de Lomas de Zamora en uso de licencia, ex jefe de Gabinete bonaerense y ex candidato a concejal del distrito en el que reinó por años, no lo defendieron ni sus hijos. Él no dejó margen ni para ensayar una justificación. No hay que ser adivino para vaticinar el final de su larga carrera política y, probablemente, visitas reiteradas a tribunales.

Las vacaciones de Insaurralde cosecharon la previsible indignación de los argentinos que sobreviven con esfuerzo y a duras penas, en un eterno frente de crisis. Y cuando todavía nadie había logrado digerir la noticia de la incursión del dirigente kirchnerista en la Costa del Sol, se desató la lluvia de denuncias.

Los pioneros fueron la ex titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), María Eugenia Talerico, y el diputado nacional Ricardo López Murphy. Después se anotó el abogado Gastón Marano y a continuación el diputado José Luis Espert, junto a su letrado Pablo Torres Barthe.

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También formalizaron una presentación Enrique Avogadro y los integrantes de Republicanos Unidos Yamil Santoro, José Magioncalda y Juan Martín Fazio.

Los delitos que le atribuyen son los de enriquecimiento ilícito, evasión, lavado de dinero, contrabando, y evasión fiscal y encubrimiento. El expediente tuvo trámite veloz y ya fueron imputados Insaurralde, su acompañante ocasional y su exesposa.

El enojo que genera la actitud desaprensiva del político y funcionario es lógico. En cambio, no parece tan natural la acumulación desordenada de denuncias. Con la primera alcanzaba. No hace falta que 47 millones de argentinos pasen por tribunales, aunque resulte tentador para algunos estampar el nombre junto a una causa tan popular.

Sobre todo si se trata de dirigentes que pueden hacer campaña sin gastar un centavo ni aportar una idea. Son tiros al piso. No hay forma de errarle.

En lugar de batir el parche sobre un expediente que ya tiene todo lo necesario para avanzar, podrían aguzar el ingenio y mejorar los controles para impedir maniobras como las del renunciante jefe de Gabinete bonaerense. Existe la convicción generalizada de que hay otros insaurraldes que antes, ahora y más adelante se sentirán capaces de usar dinero de sus conciudadanos para surcar mares de postales turísticas.

En el centro del grupo que pasó por tribunales para pedir que el peso de la ley caiga sobre Insaurralde brilla con luz propia Graciela Ocaña, una dirigente acostumbrada a la denuncia cuya inclusión en listas de candidatos suele estar ligada a alguna acusación estratégicamente lanzada antes de alguna elección.

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A Ocaña, que alguna vez fue ministra de Salud del kirchnerismo y terminó en las colectoras del PRO, se debe la cancelación del plan Qunitas, ideado para darle a cada madre de bajos recursos un kit para los primeros seis meses de vida de su bebé.

Ella denunció sobreprecios, dijo que los moisés eran peligrosos y reclamó cárcel para el entonces jefe de gabinete Aníbal Fernández, uno de sus enemigos personales.

Los peritos determinaron por unanimidad que el material usado cumplía los objetivos buscados, que no se pudo determinar la existencia de sobreprecios ni de direccionamiento alguno en el proceso de licitación y el ministro fue sobreseído.

Pero el programa, concebido a imagen y semejanza del modelo finlandés, fue suspendido y los ajuares terminaron arrumbados en un galpón.

Ahora Ocaña ha pedido el embargo de los bienes de Insaurralde pero, es verdad, esta vez le cuesta lograr protagonismo porque tiene que ponerse a la cola y hay otros dirigentes que llegaron antes a los estrados judiciales.