Si renuncian los profes, ¿Qué piensan hacer las universidades?

El sistema universitario público argentino, reconocido como único en el mundo por su gratuidad y libre acceso, enfrenta una crisis que pone en jaque su sostenibilidad. La falta de un presupuesto adecuado para 2026 y la renuncia masiva de docentes amenazan el funcionamiento de las universidades nacionales, un pilar fundamental para la igualdad de oportunidades en el país.

El sistema universitario argentino es un lujo global: sin aranceles, sin restricciones de edad, sin plazos para cursar y con libertad para elegir qué estudiar. Este modelo, financiado íntegramente por la sociedad, permite que cualquier persona pueda acceder a una educación superior de calidad sin costo alguno. Sin embargo, este privilegio tiene un costo elevado, y su mantenimiento exige un esfuerzo colectivo que hoy parece tambalear.

En la reunión del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) en Rosario, los rectores de las universidades nacionales estimaron que para 2026 se necesitarán 7,3 billones de pesos para garantizar el funcionamiento del sistema. 

Oscar Alpa, presidente del CIN, lanzó una advertencia contundente: si no se aprueba el presupuesto nacional, que incluye los fondos para las universidades, será "muy difícil abrir las puertas" en el próximo año lectivo.

A esta preocupación se suma un dato alarmante: en 2025, cerca del 5% de los docentes universitarios, unos 10.000 de un total de 200.000, renunciaron debido a los bajos salarios. Estas renuncias no solo muestran la precariedad laboral de los profesores, sino que también comprometen la calidad educativa. 

Según Alpa, los docentes que abandonan el sistema, muchos con formación de doctorado o posdoctorado, están siendo reemplazados por profesionales con menor preparación, lo que impacta directamente en la calidad de la enseñanza.

Los números, sin embargo, no son unánimes. Mientras el CIN reporta una pérdida significativa de docentes, datos oficiales del Gobierno indican que en octubre de 2023 había 220.660 trabajadores universitarios (docentes y no docentes), en mayo de 2025 la cifra era de 199.000, y en los últimos meses se habrían incorporado 3.000 personas más. Esta discrepancia sugiere que, aunque algunos cargos se están cubriendo, la calidad de los reemplazos es una preocupación central.

El trasfondo de esta crisis no es solo presupuestario, sino estructural. Durante décadas, el sistema universitario argentino funcionó en un contexto inflacionario, donde el Estado gastaba más de lo que recaudaba, recurriendo a endeudamientos o emisión monetaria para financiar. Hoy, con una economía que busca estabilizarse y un presupuesto más ajustado, las universidades enfrentan el desafío de adaptarse a una nueva realidad.

El Congreso aprobó una ley de financiamiento universitario que busca recuperar lo perdido por la inflación e incluir fondos adicionales para becas y las seis nuevas universidades creadas en diciembre de 2023. Sin embargo, ¿Cómo se puede financiar este sistema sin recurrir a la inflación o al endeudamiento? Aquí surge un debate que no se está abordando con la profundidad necesaria.

La autonomía universitaria, un principio consagrado que otorga a las instituciones libertad para administrar sus recursos, plantea otro problema. Aunque las universidades son financiadas por la sociedad, no están obligadas a rendir cuentas de manera transparente sobre el uso de esos fondos. Esta "caja oscura" carece de estadísticas actualizadas, evaluaciones de gestión o indicadores de calidad que permitan a la sociedad conocer el estado real del sistema. 

¿Están las universidades discutiendo internamente cómo adaptarse a un modelo económico más sostenible? ¿O simplemente reclaman volver al esquema anterior, basado en un gasto público insostenible?

Mientras las elecciones universitarias se centran en cuestiones internas, no se percibe una discusión abierta sobre cómo garantizar la sostenibilidad de un sistema que es un orgullo nacional. La sociedad, que financia este modelo, debe saber si las universidades están preparadas para adaptarse a un contexto de recursos limitados o si insisten en un modelo que, aunque ideal, podría no ser viable en el largo plazo.

El sistema universitario argentino es un tesoro que debe protegerse, pero su cuidado requiere transparencia, diálogo y una apuesta colectiva por un modelo que equilibre calidad, acceso y sostenibilidad. Como advierte Alpa, si no se actúa con urgencia, el riesgo no es solo cerrar las puertas de las universidades, sino perder un pilar fundamental de la igualdad y el progreso del país.