Chubut: esa manía de pagar otra vez por lo que ya se paga

La reciente decisión del gobernador de Chubut, Ignacio Torres, de cambiar el sistema de seguros de riesgo de trabajo en la provincia genera un debate interesante. De acuerdo con sus declaraciones, el nuevo enfoque promete ahorrar recursos al no contratar más a aseguradoras y destinar esos ahorros a un bono de 200.000 pesos para los docentes que no tengan faltas injustificadas. Este bono se dividirá en dos pagos de 100.000 pesos, uno en septiembre y otro en octubre.

Este tipo de incentivos, aunque parecen positivos a primera vista, plantean una serie de interrogantes sobre la estructura laboral en el sector público. El bono, denominado "vocación docente", se suma a otros ítems que ya se pagan a los educadores, como un premio por presentismo que representa el 15% de su sueldo. La premisa detrás de estos beneficios es recompensar a aquellos docentes que asisten a sus clases de manera regular, pero esto también revela una realidad compleja sobre las faltas en el ámbito educativo.

Es importante recordar que el régimen laboral en el sector público es intrincado y cuenta con múltiples razones justificadas para la ausencia. Existen alrededor de veinticinco razones que permiten a un docente faltar, desde problemas de salud hasta compromisos familiares. Sin embargo, el hecho de que se contemple la posibilidad de faltar sin justificación, lo que se denomina "faltas injustificadas", plantea una cuestión de fondo: ¿por qué se acepta que un trabajador pueda ausentarse sin necesidad de dar explicaciones?

Esta situación, que se ha normalizado en el ámbito estatal, puede ser vista como un privilegio que, en lugar de fomentar la responsabilidad, parece incentivar la falta de compromiso. Al ofrecer un premio a quienes no ejercen su derecho a faltar, se envía un mensaje confuso: se premia a quienes asisten, pero se valida la opción de ausentarse sin justificación. ¿No debería ser al revés? ¿No debería haber consecuencias para aquellos que no cumplen con su deber?

Desde mi perspectiva, esta dinámica no solo afecta el funcionamiento de las instituciones educativas, sino que también impacta en la percepción que la sociedad tiene sobre el trabajo en el sector público. Si un docente falta por "fiaca", como se menciona coloquialmente, se debería considerar la posibilidad de aplicar sanciones o descuentos en su salario. En el ámbito privado, esto es una práctica habitual, y resulta difícil entender por qué en el sector público se permite una laxitud que podría perjudicar la calidad educativa.

Finalmente, es fundamental reflexionar sobre los convenios laborales que permiten estas situaciones. La cultura del trabajo en el estado argentino parece estar arraigada en privilegios que, aunque pueden haber sido obtenidos con esfuerzo en el pasado, hoy en día generan más confusión que beneficios. La pregunta que queda en el aire es: ¿estamos realmente dispuestos a cuestionar y reformar estos acuerdos que, en lugar de fomentar la vocación, parecen perpetuar la falta de compromiso?