¿Será justicia? Está sucediendo frente a nuestras narices

Hay momentos en los que la realidad política argentina parece condensarse en un solo movimiento, como si múltiples piezas dispersas comenzaran de pronto a alinearse. Lo que está ocurriendo con el frente judicial en estas horas da la sensación de ser uno de esos momentos. Mientras el país discute la reactivación económica y espera señales del consumo, de la construcción o de la industria, la primera actividad que muestra un vértigo inesperado es la justicia. No por un expediente aislado, sino por una sucesión de decisiones que, puestas en perspectiva, conforman una foto distinta a la que estábamos acostumbrados.

En un solo día se acumularon resoluciones de enorme peso político e institucional. La destitución de la jueza Julieta Makintach se conoció con la ratificación de que tampoco podrá ejercer la abogacía. 

En Córdoba, el fiscal federal Casas Nóblega pidió penas de hasta diez años de prisión para nueve dirigentes de Luz y Fuerza acusados de desviar y lavar fondos del sindicato, incluso después de que ese mismo grupo ofreciera 200 millones de pesos para evitar el juicio.

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Y reapareció en escena el nombre de Miguel Calvete, condenado en 2019 por causas vinculadas a la explotación de la prostitución y ahora detenido nuevamente tras quedar involucrado en la causa Andis como supuesto intermediario en el pago de coimas entre laboratorios y la Agencia Nacional de Discapacidad. Su hija, empleada de la Secretaría de Industria, renunció tras el hallazgo de 700 mil dólares sin justificación posible.

A esto se sumó una novedad inédita: el decomiso de veinte propiedades vinculadas a Cristina Fernández de Kirchner y sus hijos, dictado bajo el argumento de que los bienes provienen de fondos ilícitos probados en la causa Vialidad. Diecinueve de esos inmuebles están a nombre de sus hijos, pero eso no detuvo la decisión judicial. 

El dato que circuló con fuerza es que la mayoría de esas propiedades fue adquirida por Néstor Kirchner entre 2006 y 2010, a un ritmo de una cada dos meses.

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En paralelo, en la causa Cuadernos, el ministro de la Corte Ricardo Lorenzetti pidió acelerar el proceso, mientras en otra línea judicial, Alberto Fernández recibió la confirmación de su procesamiento por la causa de los seguros, acusado de restituir un sistema que obligaba a contratar pólizas innecesarias y direccionar contratos hacia un allegado. Y la situación de Amado Boudou también avanzó: la Justicia rechazó su pedido de cumplir la pena en su domicilio.

La acumulación de casos permite otra lectura posible, no sobre cada expediente en particular, sino sobre el sistema que los procesa. En la conversación pública asomó una comparación apresurada: la idea de que, si Cristina enfrenta causas y decomisos, también puede involucrarse al actual gobierno en la trama del caso Andis. 

Pero incluso desde ese enfoque resulta evidente una diferencia temporal: los funcionarios señalados en el caso Andis duraron una semana y renunciaron de inmediato. En las causas que involucran a Cristina Kirchner, en cambio, las denuncias tienen más de 15 años y durante todo ese tiempo las estructuras señaladas no cambiaron, ni se desplazó a quienes eran parte del funcionamiento cuestionado.

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Es llamativo, además, que el Gobierno actual no haya designado nuevos jueces o fiscales desde su asunción. Las decisiones de estos días no responden a una nueva arquitectura judicial, sino a la activación de la que ya existía. Y esa activación, si se mira el conjunto, abarca a todos los sectores: sindicatos, empresarios, funcionarios, expresidentes, jueces. Ningún estrato queda fuera.

La pregunta que sobreviene es si esto anticipa un cambio cultural profundo o si se trata de una racha excepcional. Durante décadas, la percepción dominante en Argentina fue que la corrupción tenía siempre una vía de escape; que los poderosos encontraban una salida mientras la ciudadanía observaba resignada. 

No hay garantías de que esa percepción vaya a desvanecerse, pero tampoco se puede ignorar la magnitud de lo que está ocurriendo ante nuestros ojos. Quizás la tarea hoy sea simplemente registrar la escena completa: agrupar los hechos, observarlos en conjunto y comprender que algo en el engranaje se está moviendo.

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Si este impulso será suficiente para transformar sistemas de control, prácticas de gestión o mecanismos de transparencia es otra discusión que deberá atravesar al Congreso, a la sociedad civil y a los propios organismos del Estado. 

Pero, aun sin certezas sobre el camino, es difícil negar que, por primera vez en mucho tiempo, la Justicia se puso en el centro de la escena política con una intensidad inesperada. Y el ánimo social parece percibir, al menos por un momento, que algo distinto podría estar empezando.

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