Se dispara la mínima en Córdoba: los ganadores del modelo

El anuncio del gobernador Martín Llaryora sobre un aumento del 84% en las jubilaciones mínimas de Córdoba, acompañado de un bono bimestral de $100.000, sacudió el escenario político y social de la provincia. No es para menos: en un contexto de deflación y ajustes tímidos, un incremento de esta magnitud resulta impactante.

Si tomamos como referencia agosto de 2023, cuando la mínima más el complemento era de $130.000, el aumento acumulado representa un 438%, superando la inflación del período. Esto posiciona a las jubilaciones provinciales de Córdoba como un "alivio" en un país donde las nacionales palidecen en comparación.

La medida beneficia a 18.000 jubilados, cerca del 15% de los 116.000 que integran la Caja de Jubilaciones de Córdoba. No solo se eleva la mínima a $700.000, sino que aquellos que cobraban entre $604.000 y $700.000 también recibirán un complemento para alcanzar ese monto. Además, el bono de $100.000, equivalente a $50.000 mensuales, llegará a 56.000 beneficiarios que perciben menos de $1.300.000, es decir, casi la mitad de los jubilados provinciales. Estos números no son menores, especialmente si consideramos que los beneficiarios son ex empleados de la provincia, municipios, empresas estatales como EPEC, el Banco de Córdoba o el Poder Judicial, todos con trayectorias de aportes genuinos.

Pero no todo es celebración. Una crítica recurrente es que este aumento achata la pirámide jubilatoria: las mínimas suben significativamente, pero las jubilaciones más altas no reciben incrementos proporcionales. En una situación de emergencia económica, el Gobierno de Córdoba parece priorizar a los sectores más vulnerables, una decisión comprensible pero que genera tensiones entre quienes aspiran a una equiparación más equitativa.

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Además, la Caja de Jubilaciones de Córdoba opera con déficit, financiado en parte por impuestos provinciales como el inmobiliario, automotor o ingresos brutos. Esto refleja el esfuerzo colectivo de la ciudadanía cordobesa para sostener un sistema que, aun con sus limitaciones, ofrece condiciones sensiblemente mejores que las del ANSES.

El financiamiento de esta medida, según el Gobierno provincial, proviene en un 70% de un acuerdo con la Nación por una deuda histórica del ANSES con la Caja, que implica transferencias de $5.000 millones mensuales. El 30% restante se destina a reducir el déficit de la Caja. Este arreglo desmiente, en parte, el discurso de que las provincias están al borde del colapso por la falta de fondos nacionales. De hecho, la recaudación provincial se vio beneficiada por la estructura impositiva actual, que grava menos los tributos nacionales compartibles.

Un punto a destacar es la transparencia del sistema cordobés: a diferencia del ANSES, la Caja no paga jubilaciones a quienes no aportaron. Los beneficiarios son trabajadores que cumplieron con sus contribuciones, lo que desarma críticas que circulan sobre supuestos "privilegios" o jubilaciones "regaladas". No obstante, siguen los reclamos por el retorno del 82% móvil, una aspiración histórica que nunca fue sostenible.

El impacto de esta medida será especialmente significativo en el interior de Córdoba, donde las jubilaciones más bajas son comunes entre exempleados municipales. Con un costo anual estimado en $45.000 millones, el Gobierno provincial asume un compromiso financiero que no solo beneficia a miles de jubilados, sino que también inyecta dinamismo en las economías locales. Sin embargo, queda equilibrar estas mejoras con la sostenibilidad fiscal a largo plazo y de atender las demandas de quienes, con razón, buscan una recomposición más equitativa para todas las escalas jubilatorias.

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