Llaryora, la oposición y la tentación de exagerar el conflicto

Las declaraciones de Martín Llaryora al abrir las sesiones de la Legislatura en Laboulaye llamaron la atención. No tanto por el tono —no hubo insultos ni descalificaciones personales— sino por la dureza política del mensaje. Fue tajante, inusual para un gobernador cordobés, y apuntó directamente contra la oposición, a la que acusó, en los hechos, de no dejarlo gobernar.

El planteo fue más o menos así: la oposición cordobesa estaría obstaculizando su gestión con el único objetivo de llamar la atención de Javier Milei, de mostrarse como sus eventuales representantes en Córdoba. Incluso llegó a deslizar que habría que "llamar a Milei" para que "los ordene". Una lectura fuerte, cargada de intencionalidad política y, sobre todo, de victimización.

Ahora bien, la pregunta central es si Llaryora está siendo realmente socavado por la oposición. Si le están impidiendo gobernar. Y ahí empiezan los matices.

Ser oposición implica, justamente, oponerse. Criticar, observar, cuestionar, no acompañar automáticamente. Es cierto que hay oposiciones que se exceden y hacen obstrucción por deporte, pero en el caso cordobés cuesta encontrar ejemplos concretos de un bloqueo real. El propio gobernador mencionó que no le votaron la creación de 11 fiscalías. Sin embargo, esas fiscalías se crearon igual. ¿Por qué? Porque, aun sin mayoría propia formal, el oficialismo consiguió los votos necesarios.

Desde hace años, el peronismo cordobés perdió y recuperó mayorías con una rapidez llamativa. Se fragmentó la oposición, aparecieron monobloques, se sumaron aliados, y las leyes centrales del Ejecutivo salieron. Llaryora no tuvo que resignar proyectos clave. En términos legislativos, gobierna.

El caso de los drones, observado por el Tribunal de Cuentas, va en la misma línea. El Tribunal no prohibió la compra ni paralizó la gestión. Observó que en una licitación millonaria hubo un solo oferente y sugirió buscar más competencia. Nada más. La Constitución es clara: el gobernador puede insistir, firmar en acuerdo de ministros y, si el Tribunal vuelve a observar, enviar el tema a la Legislatura. No hay bloqueo. Hay control.

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Y aquí aparece un punto sensible: el Tribunal de Cuentas. Por un error en el diseño de la boleta única, la oposición quedó con mayoría en ese organismo. Dos de los tres tribunos electivos no responden al oficialismo. Eso, en Córdoba, es casi una rareza. Los gobernadores no están acostumbrados a que el Tribunal ejerza un control más activo. Tradicionalmente, revisaba legalidades formales, no la razonabilidad o el diseño de las operaciones. Ahora lo hace. Y eso incomoda.

Pero incomodar no es impedir gobernar.

Si se mira el mapa de poder, Llaryora concentra una fortaleza notable. Tiene 33 legisladores propios sobre 70 y aliados suficientes. Cooptó dirigentes de peso de la UCR y del PRO. Tiene una vicegobernadora radical (Myrian Prunotto), un viceintendente del PRO en la Capital (Javier Pretto), controla la mayoría de las intendencias —incluidas todas las grandes ciudades—, tiene fuerte influencia en la Justicia, en los sindicatos y en el entramado empresarial. Es un poder enorme.

Por eso suena exagerado hablar de un cerco opositor. Más aún si se compara con otros escenarios. ¿Qué diría Llaryora si le hicieran lo que parte del oficialismo cordobés le hizo a Milei el año pasado, aliándose con otros gobernadores y el kirchnerismo para sancionar leyes que desfinanciaban al Ejecutivo nacional? Aquello sí fue una presión política de fondo.

Lo que ocurre hoy en Córdoba entra dentro de las reglas del juego republicano. División de poderes, controles, oposición que intenta crecer y hacerse visible. Hace 26 años gobierna el mismo signo político en la provincia. Pretender una oposición dócil, decorativa, es desconocer cómo funciona una democracia.

Está claro que todos ya están en campaña. El gobernador va a exagerar los obstáculos. La oposición va a tensar la cuerda. Pero conviene bajar un cambio. La paranoia del poder —esa sensación de que todos "te sacuden la alfombra"— es peligrosa. Cuando los gobernantes se convencen de que cualquier control es una conspiración, dejan de ver límites y empiezan los problemas.

No está en juego la gobernabilidad. No se está cayendo ningún banco. Son las reglas republicanas, democráticas. Así se juega. Y, en Córdoba, todavía se juega con bastante margen.