Kicillof quiere obligar a los edificios con pileta a contratar guardavidas.

La quinta pata del gato

La utopía de la seguridad total y las piletas de Kicillof

09/06/2026 | 11:14

En nombre de la seguridad total, la Argentina vuelve a producir normas difíciles de aplicar: ahora, hasta una pileta mínima de consorcio podría necesitar guardavidas.

Redacción Cadena 3

Adrián Simioni

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La utopía de la seguridad total y las piletas de Kicillof | Por Adrián Simioni

¿Les dije que venía del futuro? Bueno, en ese futuro, exagerando apenas, van a desaparecer las piletas de los amenities en los edificios de propiedad horizontal. Y no porque falte agua, ni porque los vecinos se hayan cansado del cloro, sino porque en la Argentina siempre hay una ley capaz de convertir un servicio común en un problema imposible.

La historia viene de la provincia de Buenos Aires. En 2015, cuando Daniel Scioli terminaba su gestión, la Legislatura sancionó una norma que exige guardavidas en piletas de uso colectivo. Scioli, que siempre tuvo algo de espíritu Baywatch y cercanía con el mundo de los bañeros de la costa, dejó como regalo de despedida una ley que, escrita como está escrita, alcanza prácticamente a cualquier pileta que no sea la de una casa particular.

La intención puede sonar noble: cuidar vidas, prevenir accidentes, garantizar seguridad. El problema aparece cuando esa idea se transforma en una utopía de seguridad total. Porque si donde hay un charco debe haber un bañero, entonces también podría pedirse un cuidador al lado de cada hueco de ascensor, otro junto a cada toma corriente del lobby y uno más en la terraza, por si alguien se cae mientras va a tender la ropa.

La Cámara de Administradores de Consorcios de La Plata empezó a advertir su preocupación porque la norma habría comenzado a exigirse con más fuerza. Y ahí aparece el absurdo cotidiano: edificios con piletas pequeñas, de azotea o de patio interno, muchas veces casi sin uso, que deberían contratar guardavidas durante toda la temporada.

Según lo planteado por los administradores, el turno mínimo sería de seis horas. Si la pileta permanece abierta más tiempo, habría que cubrir otro turno. Además, la contratación debería extenderse por varios meses, aunque en la práctica muchos consorcios usen la pileta apenas durante algunas semanas del verano.

¿Quién hace estas leyes? ¿Dónde viven los que las votan? ¿Ninguno habita un edificio? ¿Ninguno sabe lo que implica una expensa, una asamblea, una administración de consorcio o el costo de sostener un servicio común?

Porque no se trata de negar la importancia de los guardavidas. En el mar, en espejos de agua, en clubes, en grandes natatorios o en espacios con concurrencia masiva, su presencia es indispensable. Ahí hay una cuestión concreta de seguridad. Pero otra cosa muy distinta es trasladar esa misma lógica a una pileta mínima de un edificio, donde los propios adultos deberían hacerse responsables de sus hijos como lo hacen en una casa particular.

La Argentina tiene una enorme facilidad para convertir una causa razonable en una obligación desmedida. Todo se justifica en nombre de la seguridad. Y frente a la palabra seguridad, parece que nadie se anima a poner un límite. Pero la vida también implica riesgo. Si no, habría que impedir que la gente salga a la calle o asignarle un cuidador a cada peatón, por las dudas de que lo atropelle un colectivo.

Algunos dirán que estas normas promueven el empleo. Pero al mismo tiempo, muchos edificios ya no pueden sostener encargados tradicionales por el peso de las expensas y avanzan hacia sistemas virtuales o tercerizados. Por un lado, se intenta reducir costos laborales; por el otro, se agregan obligaciones que vuelven más cara la vida común.

El resultado es previsible: muchos consorcios directamente dejarán de abrir las piletas. La ley que supuestamente venía a proteger terminará clausurando, de hecho, un espacio que formaba parte de la vida del edificio. No por falta de vecinos, sino por exceso de regulación.

En el fondo, el problema no es el bañero. El problema es una forma de legislar que pierde contacto con la realidad. Normas hechas entre gatos y medianoche —o entre gallos y medianoche, si se quiere corregir el dicho— que después todos intentan esquivar porque son imposibles de cumplir.

La seguridad importa, claro que importa. Pero también importa el sentido común. Y cuando el Estado pretende eliminar cualquier riesgo de la vida cotidiana, suele conseguir otra cosa: hacerla más cara, más incómoda y más absurda.

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