La rebaja de impuestos de Llaryora: ¿histórica o modesta?

Por estos días, el gobierno de Martín Llaryora insiste en presentar como “histórica” la rebaja impositiva incluida en el proyecto de ley impositiva que acompaña al presupuesto provincial. La palabra no es casual: pretende marcar un quiebre, exhibir sensibilidad frente al humor social tras el triunfo nacional de Javier Milei y mostrar que Córdoba puede alinearse con la demanda ciudadana de menos presión fiscal y más eficiencia del Estado.

Pero cuando se exploran los detalles, el gesto no luce tan lineal. Ni tan heroico.

La rebaja no aparece de la nada: Córdoba tenía impuestos altos, y la comparación con Santa Fe lo deja al desnudo. Provincias de tamaño similar y estructura económica equivalente, pero Santa Fe recaudó este año 21% más que Córdoba. A eso se suma que, en impuesto inmobiliario, la recaudación santafesina supera a la cordobesa en más del 180%. El terreno para una corrección estaba servido.

El esquema anunciado distingue cuatro grupos de contribuyentes del inmobiliario urbano. El más beneficiado, unas 500.000 propiedades, recibirá una baja considerable: en lugar de ajustarse un 29% —la inflación del período—, sus titulares pagarán 25% menos que en 2025. Un salto abrupto si se lo mira desde el bolsillo ciudadano y también desde el discurso histórico de Hacemos por Córdoba, poco habituado a hablar de reducciones de impuestos.

Pero esta concesión tiene condiciones muy específicas: ser propietario de una única vivienda, vivir en ella y contar con un valor fiscal menor a $120 millones. Como siempre, el detalle técnico es el que define cuán masiva es la medida y cuán progresiva será su aplicación.

En ingresos brutos, la baja también es fuerte: la alícuota general para el comercio cae de 3,5% a 2,5%, un recorte superior al 30%. Es uno de los puntos donde más claramente se ve la intención oficial de enviar una señal pro-actividad económica, especialmente hacia sectores pyme y comerciales.

Hasta aquí, la política muestra iniciativa. Pero el nudo de la discusión está en otra parte: el costo fiscal y su financiamiento.

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El Gobierno estima que la reducción total implicará resignar $900.000 millones. A primera vista, parece un número colosal, hasta que se lo compara con la recaudación de octubre: $2,9 billones. La renuncia tributaria sería, entonces, apenas un tercio de la recaudación de un solo mes. Es decir: una magnitud relevante, sí, pero no necesariamente transformadora.

Además, existe un detalle clave que relativiza el carácter “histórico”. Córdoba viene ajustando impuestos con la inflación pasada, que siempre es más alta que la proyectada. Para 2025 el gobierno calculó un 29% de inflación, mientras que para 2026 proyecta apenas 18%. En la práctica, si el Estado sube tributos un 29% para un año que tendrá inflación del 18%, no está perdiendo; está ganando margen real. Ese colchón podría financiar buena parte de la rebaja anunciada.

Por otro lado, no hubo —al menos hasta ahora— anuncios de reducción del gasto, salvo cambios cosméticos como el rebautismo de agencias estatales sin recorte de personal. El ajuste, por lo tanto, todavía no aparece del lado que el clima político actual exige: el del Estado.

Un paquete impositivo que efectivamente reduce presión, especialmente a quienes pagan al día, y que introduce alivio en ramas sensibles como el comercio. Es real, se aplicará y tendrá impacto. Pero también es cierto que la épica de lo “histórico” parece sobredimensionada. La magnitud final dependerá del comportamiento de la economía en 2026: si crece, el gobierno podrá presentarlo como un acierto estratégico; si no, se evidenciará como una reducción moderada sostenida en la inercia del sistema.

En lo político, la jugada es clara: Llaryora leyó el clima nacional y provincial. El Estado está bajo presión social y la ciudadanía exige alivio. El gobernador decidió moverse, aunque sin desarmar el andamiaje fiscal que sostiene la maquinaria pública.

La pregunta, entonces, no es si la rebaja existe. Existe, y no es menor.

La pregunta es si esa rebaja es el inicio de un cambio profundo en la gestión cordobesa o apenas un acomodamiento táctico en tiempos de sensibilidad impositiva. El 2026 tendrá la respuesta.