Inflación: un dato feo, en un mal momento

La inflación de noviembre llegó con un sabor amargo: 2,5%, el dato más alto desde abril y, para colmo, muy por encima de lo que esperaba el Gobierno. El número sería preocupante en cualquier circunstancia, pero en este caso golpea doble. No solo porque los alimentos —impulsados por el salto de la carne— treparon 3% y eso derrama directo en la canasta básica y en la pobreza, sino porque aparece justo cuando la Casa Rosada intenta acelerar su paquete de reformas en el Congreso, especialmente la laboral.

El Gobierno sigue procesando la masa de pesos que dejó la campaña y la dolarización preelectoral, pero el dato no deja de ser feo. Y es feo no solo en sí mismo: llega en un momento político extremadamente delicado. Apenas unas horas antes, Octavio Argüello, dirigente de Camioneros y uno de los triunviros de la CGT, lanzó una acusación que hasta ahora nadie, en ningún sector, se había atrevido a deslizar: “el Indec miente”. Una frase cargada de reminiscencias, que devuelve a la memoria esos años de la segunda presidencia de Cristina Kirchner en los que el organismo efectivamente maquillaba las estadísticas y la oposición hablaba del “indice trucho”.

Que un dirigente sindical con peso nacional habilite nuevamente esa sospecha es un salto cualitativo. Hasta hoy, la crítica a la estadística oficial se había limitado a cuestiones metodológicas. Nadie había acusado al Indec de falsear datos, entre otras cosas porque sigue conducido por un funcionario designado por Alberto Fernández con el acuerdo de Cristina Kirchner, y porque no había señales de interferencia política. Pero el clima cambió. Y cambió porque la CGT siente que llegó el momento de subir la tensión.

A esta explosión se sumó Cristina Kirchner con otra intervención calculada: comparó la inflación de noviembre actual con la de noviembre de su último año de gestión. Pero para hacerlo tuvo que citar nada menos que el "IPC Congreso" de 2015, aquel índice alternativo que el propio kirchnerismo descalificó y que incluso llegó a denunciar penalmente. Todo muy cínico, pero funcional al clima que se está construyendo.

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El trasfondo político es claro. La CGT, que venía siguiendo con cautela la discusión de la reforma laboral, decidió alinearse con la CTA, ATE, los movimientos sociales, el kirchnerismo, sectores del peronismo y la izquierda. Se está formando un bloque opositor amplio, con una marcha convocada para el 18 de diciembre en Plaza de Mayo. ¿Qué detonó la ruptura? El capítulo referido a la cuota sindical.

Dentro del Gobierno coexistían dos posturas: una que quería eliminar por completo la cuota solidaria —esa contribución obligatoria del 1% al 3% del sueldo que hacen todos los trabajadores bajo convenio, afiliados o no— y otra que advertía que semejante golpe rompería cualquier puente con la CGT. La pulseada terminó en una solución intermedia: se mantiene la retención por parte del empleador y el aporte alcanza tanto a afiliados como a no afiliados, pero estos últimos deben dar su consentimiento. Para la CGT, ese matiz fue suficiente para declarar la guerra.

La situación económica no ayuda. El Gobierno intenta navegar entre dos mares que chocan entre sí: bajar la inflación implica absorber pesos; mover la economía requiere inyectarlos. Cada vez que el Tesoro compra dólares —220 millones ayer, 50 millones el día anterior— libera más pesos. Cada baja en la tasa de interés empuja más liquidez al mercado. Pero si la economía sigue sin crecer, esa liquidez va directo al termómetro inflacionario. Es una contradicción estructural que el Gobierno trata de sortear con pinzas.

En este contexto, el oficialismo necesita algo que hoy parece escaso: calma social, tiempo, margen político. Y justamente eso es lo que se esfuma con la CGT lanzada al choque frontal y con la oposición kirchnerista explotando cada número y cada resbalón. La inflación no solo es un mal dato: es un mal dato que llega en el peor momento posible.

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