Atento, súper de barrio: ARCA tiene un plan para ti

Durante años, las grandes cadenas de supermercados reclamaron a las autoridades impositivas una mayor fiscalización sobre los comercios más pequeños. El argumento es conocido: mientras las empresas de mayor tamaño operan bajo controles permanentes, una parte de los almacenes y autoservicios vendería mercadería sin declarar y pagaría menos impuestos.

La dimensión real de esa informalidad es difícil de establecer. En el sector se manejan estimaciones muy variables, que ubican las operaciones no registradas entre el 40% y el 60%. Más allá de la precisión de esos números, el problema existe y genera una competencia desigual: quien cumple con todas sus obligaciones debe trasladar esa carga a los precios o resignar rentabilidad frente a quien factura sólo una parte de sus ventas.

Ahora aparece una novedad política. En una reunión con la Asociación de Supermercados Unidos, que agrupa a las principales cadenas, funcionarios de ARCA y del Gobierno admitieron que trabajan en una prueba piloto para controlar con mayor precisión a los supermercados de cercanía y almacenes.

El proyecto todavía está en una etapa preliminar. La intención sería involucrar a provincias y, eventualmente, a municipios para compartir información y utilizar herramientas de análisis de datos. La lógica consiste en cruzar lo que producen y venden los grandes proveedores con aquello que finalmente aparece declarado en los distintos eslabones de la cadena comercial.

ARCA conoce, por ejemplo, cuánto produce una fábrica de bebidas y cuánto vende a sus distribuidores. También puede conocer cuánto declaran haber vendido las grandes superficies comerciales. El problema aparece en el camino: una parte de esa mercadería pierde trazabilidad cuando ingresa en circuitos menos fiscalizados.

El mecanismo bajo estudio iría un paso más allá. El organismo podría estimar la facturación de un comercio de acuerdo con variables como su superficie, la cantidad de góndolas, la ubicación y la rotación promedio de productos. Sobre esa venta presunta calcularía los impuestos correspondientes.

En criollo: si ARCA considera que un autoservicio debería pagar 80 y el comerciante asegura que sólo le corresponde pagar 30, tendrá que demostrarlo con su contabilidad. El organismo quizá no recaude los 80 inicialmente estimados, pero podría terminar cobrando los 30 reales en lugar de los 15 que, eventualmente, el contribuyente venía declarando.

La idea tiene una justificación atendible. Un sistema tributario no puede ser equitativo si persigue siempre a los mismos porque son más fáciles de controlar. Ampliar la base de contribuyentes y reducir la evasión permitiría, al menos en teoría, que todos paguen y que cada uno soporte una carga menor.

Pero el método también encierra un riesgo evidente: reemplazar la fiscalización concreta por una presunción burocrática. Dos comercios con la misma superficie pueden tener niveles de ventas completamente diferentes. Influyen la ubicación, el poder adquisitivo de los clientes, la competencia, los horarios y hasta la calidad de la administración. Una estimación general no necesariamente refleja la realidad particular.

También aparece una cuestión delicada: la inversión de la carga de la prueba. En lugar de que el Estado demuestre una irregularidad, será el comerciante quien deberá probar que no factura aquello que el organismo presume. Sin procedimientos ágiles y criterios transparentes, la herramienta podría convertirse en una fuente de intimaciones arbitrarias y mayores costos administrativos para pequeños contribuyentes.

El trasfondo fiscal tampoco puede ignorarse. La recaudación muestra señales de debilidad y el Gobierno necesita encontrar recursos sin crear nuevos impuestos ni aumentar las alícuotas existentes. Combatir la evasión aparece, entonces, como una alternativa política más defendible que volver a cargar sobre quienes ya están registrados.

La dificultad será llevar la propuesta a la práctica. ARCA necesitará coordinarse con provincias y municipios que tienen capacidades fiscales muy desiguales. Buenos Aires y Córdoba estarían entre las jurisdicciones mejor preparadas, pero buena parte del país carece de sistemas actualizados e información confiable sobre la actividad comercial.

El objetivo de reducir la competencia desleal es razonable. Lo decisivo será el instrumento. Si el plan sirve para incorporar operaciones ocultas y distribuir mejor la carga tributaria, puede representar un avance. Si se limita a presumir ventas y obligar a cada comerciante a demostrar su inocencia, sólo agregará otra capa de presión a un sistema impositivo que ya resulta difícil de soportar.

Por ahora, no existe una medida terminada ni una aplicación inmediata. Hay una prueba en preparación y una señal clara: después de años de reclamos, ARCA comenzó a mirar hacia los comercios que hasta ahora permanecían fuera del centro del radar fiscal.