Al final, los concejales de Córdoba serán naranjitas de los naranjitas

La política cordobesa tiene una habilidad especial para convertir las promesas de cambio en sofisticados mecanismos de continuidad. Lo que empezó como una discusión para terminar con los “naranjitas” en la ciudad de Córdoba amenaza ahora con transformarse exactamente en lo contrario: un sistema que no solo los mantiene, sino que los institucionaliza, amplía su radio de acción y hasta mejora su recaudación.

La paradoja es difícil de ignorar.

La discusión original surgió alrededor de una demanda social concreta: poner fin a un sistema informal de cuidacoches que, para buena parte de los vecinos, se volvió sinónimo de desorden, aprietes, ocupación arbitraria del espacio público y falta de control estatal. La Legislatura avanzó con un marco legal y ahora el Concejo Deliberante debe definir cómo se implementará en la ciudad de Córdoba.

Pero cuando se observa el proyecto que hoy analizan los concejales, aparece una sensación incómoda: los ediles parecen estar actuando más como "naranjitas de los naranjitas" que como dirigentes dispuestos a desarmar el sistema.

Porque el modelo que asoma no elimina la actividad. La reconvierte.

El argumento técnico detrás del estacionamiento medido tiene lógica. El espacio público es limitado y, si no existe regulación, quien llega primero puede ocupar durante horas un lugar que todos necesitan usar. Por eso, en prácticamente todas las grandes ciudades del mundo existe algún sistema de administración del estacionamiento: para ordenar la circulación, promover rotación y desalentar la saturación.

También existe consenso respecto de que los métodos manuales son ineficientes y costosos. Hace años que las ciudades más desarrolladas abandonaron el cobro presencial para pasar primero a los parquímetros y luego a aplicaciones digitales que reducen costos, eliminan intermediarios y simplifican el control.

La lógica parecía conducir hacia ahí: eliminar la intermediación informal y avanzar hacia un sistema moderno y transparente.

Sin embargo, Córdoba parece decidida a inventar una extraña versión híbrida donde la tecnología convive con la informalidad institucionalizada.

Los naranjitas ya no cobrarían directamente por estacionar, pero pasarían a controlar que los automovilistas utilicen correctamente la app del Sistema de Estacionamiento Medido (SEM). Es decir: dejarían de ser cobradores para convertirse en fiscalizadores del cobro digital.

La diferencia semántica es elegante. El resultado práctico, no tanto.

Porque además el proyecto ampliaría las zonas de estacionamiento medido y, con ello, también crecería el territorio de actuación de los cuidacoches “oficializados”. Es decir, lejos de reducirse, el sistema podría expandirse.

Y no es el único cambio.

La tarifa también sufriría un fuerte aumento. Hoy la hora del SEMM cuesta alrededor de 500 pesos. El proyecto propone atarla al valor del combustible: aproximadamente el 60% del precio de un litro de nafta. Traducido a valores actuales, la hora rondaría los 1.200 pesos y podría trepar hasta cerca de 2.000 pesos en zonas de espectáculos públicos.

Un tarifazo encubierto bajo la bandera del ordenamiento urbano.

Pero hay otro dato todavía más llamativo: el 80% de lo recaudado por la aplicación quedaría en manos de cooperativas que administrarían el sistema y pagarían a los naranjitas.

¿Los cuidacoches terminarán ganando más dinero que antes?

Hoy, en la práctica, muchos automovilistas dejan entre mil y dos mil pesos después de varias horas de estacionamiento. Con el nuevo esquema, cuatro horas podrían costar cerca de 4.800 pesos, de los cuales unos 3.800 irían a las cooperativas y trabajadores del sistema.

Es decir: la supuesta eliminación podría convertirse en una mejora económica para el mismo esquema que se buscaba desarmar.

La iniciativa también abre interrogantes políticos y administrativos difíciles de ignorar.

Si el objetivo era reducir gradualmente la actividad, el proyecto podría haber fijado un padrón cerrado de trabajadores: quienes ya ejercen la tarea continúan, pero no ingresa nadie más y el sistema se extingue progresivamente con el tiempo. Sin embargo, esa limitación no aparece con claridad.

Por el contrario, el esquema parece dejar abierta la puerta para nuevas incorporaciones administradas por cooperativas privadas.

Ahí aparece otra discusión delicada: ¿Quién decidirá quién es vulnerable y quién no? ¿Quién controlará el ingreso al sistema? ¿Las cooperativas? ¿El municipio? ¿Los concejales? El riesgo de transformar un supuesto mecanismo de contención social en una nueva estructura de intermediación política es evidente.

Más aún cuando los requisitos exigidos para ingresar incluyen cursos de atención al ciudadano, seguridad vial, RCP, resolución de conflictos y capacitación en tránsito. Condiciones razonables para cualquier empleo formal, pero difíciles de compatibilizar con el perfil de extrema vulnerabilidad que muchas veces se utiliza para justificar la continuidad de los naranjitas.

Entonces surge otra contradicción: si una persona puede cumplir todas esas exigencias administrativas y formativas, ¿no podría también acceder a otro tipo de empleo formal? ¿Y qué ocurrirá con quienes hoy efectivamente sobreviven en la informalidad y probablemente no logren cumplir esos requisitos?

En el fondo, la discusión excede a los naranjitas.

Lo que está en juego es una vieja práctica argentina: la tendencia a convertir problemas estructurales en sistemas permanentes de administración política. Lo que nació como una solución transitoria termina consolidándose como un modelo estable, financiado por los ciudadanos y gestionado por estructuras intermedias cada vez más difíciles de controlar.

La gran incógnita es si Córdoba está ordenando el estacionamiento o simplemente construyendo una nueva versión legalizada del mismo problema.