Adorni y su esposa: inocencia fiscal no es inocencia penal

Hay una palabra que suena demasiado cómoda para este momento: inocencia. El régimen se llama, en la discusión pública, "inocencia fiscal". En los papeles, más precisamente, se trata del Régimen de Declaración Jurada Simplificada de Ganancias previsto por la Ley 27.799. Pero en política los nombres también pesan. Y cuando el jefe de Gabinete de la Nación y su esposa aparecen adhiriendo a ese esquema en medio de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito, la palabra inocencia deja de ser una solución y se convierte en un problema.

La esposa de Manuel Adorni se llama Bettina Julieta Angeletti. Ella y el funcionario hicieron en los últimos días movimientos ante ARCA, la ex AFIP, para ingresar al régimen simplificado. En términos generales, el mecanismo permite que el contribuyente presente una declaración más acotada, sobre la base de datos precargados por el organismo, y obtenga una presunción de exactitud y un efecto liberatorio respecto del período fiscal declarado, siempre que cumpla con las condiciones del sistema.

Dicho más claro: para el ciudadano común, el régimen puede funcionar como una salida para ordenar su situación fiscal. Alguien que ahorró como pudo, que compró dólares para protegerse de la inflación o que mantuvo fondos fuera del circuito formal puede regularizar parte de su situación sin quedar automáticamente bajo sospecha penal tributaria. Argentina es un país donde mucha gente se defendió de la inflación como pudo. Esa es una parte de la explicación social del régimen.

Pero Adorni no es un ciudadano común. Es el jefe de Gabinete. Es uno de los funcionarios más importantes del Gobierno. Y, además, forma parte de una administración que hizo de la vara moral, de la transparencia y del castigo a “la casta” una bandera política permanente. Por eso el problema no es solamente si el trámite ante ARCA es legal. El problema es qué revela políticamente ese trámite en este contexto.

Porque la pregunta central no la responde ARCA. La pregunta central la tiene que responder la Justicia: ¿de dónde salió la plata?

El régimen fiscal puede tener efectos frente al organismo recaudador. Puede ordenar impuestos. Puede reducir conflictos tributarios. Puede incluso funcionar como una suerte de “tapón fiscal” en determinados supuestos. Pero no borra una investigación penal por presunto enriquecimiento ilícito. No transforma en explicable lo que todavía no fue explicado. No convierte una inconsistencia patrimonial en una anécdota administrativa.

Ese es el punto que el Gobierno intenta disimular y que, sin embargo, agranda la sospecha. La investigación sobre Adorni corre por un carril distinto. La llevan adelante la Justicia federal, el fiscal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo. Allí no alcanza con decir "regularicé". Allí hay que explicar origen de fondos, fechas, ingresos, pagos, deudas, operaciones inmobiliarias, refacciones, viajes y consumos.

Y lo que aparece hasta ahora es un cuadro difícil de ordenar.

En 2025, el matrimonio compró un departamento en Caballito. Según las constancias conocidas de la causa, pagaron 30 mil dólares en efectivo y tomaron una hipoteca sin intereses por 200 mil dólares otorgada por las vendedoras, dos mujeres jubiladas. En 2024, Angeletti compró una casa en el country Indio Cua Golf Club, en Exaltación de la Cruz. Allí se pagaron 20 mil dólares en efectivo y se tomó otra hipoteca por 100 mil dólares, de la cual —según declararon las acreedoras— todavía quedaría una parte pendiente.

Después apareció el dato más ruidoso: el contratista Matías Tabar declaró ante la Justicia que Adorni le pagó 245 mil dólares en efectivo y sin factura por refacciones en esa casa. La obra habría incluido pisos, paredes, muebles, baños, cerramientos, quincho, pileta y hasta una cascada en el jardín. No estamos hablando de una reparación menor. Estamos hablando de una remodelación de lujo, pagada —según esa declaración— de contado.

A eso se suman viajes al exterior y dentro del país, deudas privadas, gastos con tarjetas por más de 85 millones de pesos durante 2025 y un dato que políticamente pesa mucho: el sueldo bruto de Adorni rondaba los 3,5 millones de pesos mensuales, mientras que Angeletti figuraba con una actividad económica de baja escala relativa y sin una gran actividad pública conocida que permita explicar, a simple vista, ese nivel de movimientos.

Por supuesto, Adorni tiene derecho a defenderse. También tiene derecho a presentar documentación, contratos, operaciones con criptomonedas, préstamos, herencias, ahorros previos o cualquier otra explicación que considere válida. Y será la Justicia la que determine si hubo delito o no. La presunción de inocencia penal no se discute.

Pero la política no espera una sentencia firme para formular una pregunta elemental: ¿es razonable que un jefe de Gabinete, investigado por presunto enriquecimiento ilícito, llegue recién ahora a ordenar su situación fiscal y patrimonial?

Ahí está el nudo del caso. La adhesión al régimen no despeja las dudas. Las amplifica. Porque si todo estaba claro, si todo estaba declarado, si todo era perfectamente consistente, ¿por qué aparece ahora la necesidad de entrar en este esquema? ¿Por qué no se presentó antes una declaración jurada completa, transparente y convincente? ¿Por qué cada respuesta oficial parece llegar después de una revelación periodística o judicial?

El oficialismo puede decir que no hubo blanqueo de dólares. Puede decir que se trata apenas de una modalidad simplificada para presentar Ganancias. Puede decir que el trámite es legal. Todo eso puede ser cierto y, aun así, no alcanzar.

Porque el caso no se mide solamente en términos tributarios. Se mide en términos éticos, políticos e institucionales. Un contribuyente común puede acogerse a un régimen fiscal y seguir con su vida. Un jefe de Gabinete no. Un jefe de Gabinete tiene una obligación adicional: explicar. Y explicar antes de que lo obliguen los expedientes.

El Gobierno que dice venir a terminar con los privilegios ahora defiende a un funcionario que no logra despejar sus propias inconsistencias patrimoniales. El Gobierno que les exige sacrificios a millones de argentinos parece pedir paciencia frente a un caso que incluye countries, hipotecas llamativas, viajes, consumos elevados y una refacción de 245 mil dólares pagada presuntamente en efectivo.

No hay mayor admisión política de que algo no está bien que necesitar un paraguas fiscal cuando lo que se reclama es transparencia pública.

Adorni todavía puede explicar. Puede presentar papeles. Puede convencer a la Justicia. Pero lo que ya no puede hacer es pedir que la sociedad confunda una regularización impositiva con una absolución política. ARCA puede mirar impuestos. La Justicia debe mirar delitos. Y la ciudadanía tiene derecho a mirar coherencia.

Por ahora, la coherencia es lo que falta.