Drogas y delito: presentan en Córdoba un programa para el tratamiento de adictos

En un contexto donde la relación entre el consumo problemático y el delito alcanza niveles de potencialidad crítica, el Gobierno de la Provincia de Córdoba, junto con el Poder Judicial y el apoyo de organismos internacionales como la Organización de los Estados Americanos (OEA), puso en marcha el programa integral de "Tribunales de Tratamiento de Drogas". 

Esta iniciativa busca desplazar el eje de la justicia punitiva tradicional hacia un concepto de "justicia terapéutica". En ese marco, el ministro de Justicia de Córdoba, Julián López, dialogó con Cadena 3 sobre el desafío de intervenir en la escalada delictiva de jóvenes consumidores antes de que el sistema penitenciario se convierta en su único destino.

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- ¿De qué se trata este programa y cuáles son las acciones posibles para reparar esta situación que afecta a toda la sociedad?

Se ha puesto en marcha la capacitación a todos los operadores judiciales de lo que es un programa nacional impulsado por los Ministerios de Justicia y Salud de la Nación, con apoyo de la OEA. El objetivo es detectar a aquellas personas que entran al sistema penal siendo consumidores o adictos. Muchas veces empiezan con delitos menores pero entran en una escalada delictiva producto de su propia adicción. Aquí no se habla de perdonar delitos, sino de cambiar la mirada hacia una "justicia terapéutica", que pone el foco en el impacto psicológico y emocional que produce el conflicto.

- Existen estadísticas que muestran lo difícil que es encontrar niveles de recuperación importantes. ¿Cree que con esta herramienta lograrán que quienes avanzaron en el consumo y el delito puedan retroceder?

Lo peor que podemos hacer es creer que eso no se puede hacer. Entendemos las dificultades para cualquier persona con una adicción, más cuando vive en situaciones de vulnerabilidad, pero creemos que con un apoyo institucional e interdisciplinario hay un potencial importante. Trabajamos con un segmento de jóvenes que cometen delitos de bajo impacto pero que entran en un raid delictivo de mucho ingreso al sistema penitenciario. En estos casos, el consumo no es una consecuencia, sino una causa de los delitos.

- Si el problema es que hay más adictos porque hay más puntos de venta, ¿qué se está haciendo respecto a la prevención y la erradicación del microtráfico?

En Córdoba estamos dando batalla. En el último año y medio hemos creado siete fiscalías de lucha contra el narcotráfico y estamos abriendo cinco sedes de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) en el interior. Además, incorporamos ex militares a la fuerza previa formación universitaria. Esto permitió que en los últimos seis meses de 2025 la planta de la FPA creciera un 60%, aumentando un 30% los operativos y un 20% la cantidad de detenidos. La lucha contra el narcotráfico tiene como contracara a los adictos, y debemos trabajar para sacarlos de ese círculo.

- Para que el oyente lo entienda con un ejemplo concreto: ¿Cómo se aplica este dispositivo y a qué tipo de delitos alcanza?

No hay una norma rígida, es un trabajo interdisciplinario. Primero, deben ser delitos vinculados directa o indirectamente a la adicción. Segundo, debe haber un compromiso del juez, fiscales, defensores y equipos de salud. El objetivo son los delitos de baja escala. Un ejemplo concreto es el robo de medidores de agua o gas, que se reducen rápidamente para la venta minorista destinada al consumo. Ese tipo de delitos, sin antecedentes y donde se compruebe la adicción, puede ser un disparador para el dispositivo.

- ¿Qué sucede en los casos de menores de edad, donde las familias se sienten desamparadas por la legislación de salud mental actual?

En el caso de los menores, son alcanzados por dispositivos dentro del sistema de protección de derechos (SENAF), donde lamentablemente no siempre se llega a tiempo. Existe una dificultad legislativa en materia de salud mental: si la persona no toma la decisión por sí misma de internarse, el Estado y las familias muchas veces no pueden hacer nada. Es necesario activar la red primaria con las RAC (Red Asistencial de las Adicciones) y ONGs para detectar estas situaciones a temprana edad y evitar que la conducta se agrave con el tiempo.

- Frente a las bajas expectativas de la sociedad sobre la rehabilitación, ¿realmente confía en que estos programas tengan un impacto o estamos resignados?

Nosotros confiamos en que estos programas tienen un impacto positivo. Lo dificultoso es lograr una escala que permita revertir la totalidad de las afecciones. Hoy, prácticamente el 30% de quienes ingresan al sistema penitenciario tienen algún problema de salud mental o de consumo problemático. Hay casos concretos de personas que logran salir. Si detectamos el problema mucho más tempranamente, vamos a evitar la profundización de estas afecciones que son un mal muy fuerte.

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Entrevista de "Siempre Juntos".