Boretto, rector de la UNC: “La propuesta del Presupuesto 2026 es insuficiente”

 ¿Cuál es su perspectiva sobre cómo continuará el conflicto entre las universidades y el Gobierno, especialmente en relación con la disputa por los fondos y la comprensión mutua de las posturas? 

Claramente ha sido una situación complicada, marcada por un proceso de desfinanciamiento. Las partidas que recibimos han quedado muy desactualizadas. El 90% de los fondos del Estado Nacional se destinan al pago de sueldos de docentes y no docentes, y en los últimos dos años, ha habido una pérdida del poder adquisitivo de los salarios del orden del 40%, lo cual es una cifra muy significativa. También existe desactualización en las partidas de gastos de funcionamiento y en el financiamiento de la actividad de ciencia. Ante este contexto, apelamos a la vía institucional llevando nuestro reclamo al Congreso de la Nación, que es el poder del Estado con facultades constitucionales para asignar el presupuesto universitario.

El Congreso revirtió el veto a la ley de financiamiento y ahora la ley está suspendida por el Ejecutivo. ¿Qué acciones están llevando a cabo y cuál es la expectativa respecto al tratamiento del Presupuesto Nacional 2026? 

Respecto a la ley de financiamiento, fuimos al Congreso con la propuesta. La ley fue sancionada, vetada por el Ejecutivo y este año el veto fue revertido en ambas cámaras. Sin embargo, el gobierno la promulgó, pero al mismo tiempo la suspende, argumentando que no cuenta con los fondos o que la ley no indica de dónde saldrán los fondos para evitar un mayor gasto. Por ello, esta semana estamos iniciando una acción judicial en los juzgados federales de Buenos Aires. Es muy saludable que se sancione una ley de Presupuestos, ya que llevamos dos años sin presupuesto y con una referencia totalmente desactualizada, que es la de 2023.

Considerando que se trabaja sin presupuesto en un contexto inflacionario, ¿es suficiente la propuesta que el gobierno elevó al Congreso para el próximo año? 

La falta de presupuesto durante dos años en un contexto inflacionario es dramática. Si bien es una buena noticia que se sancione un presupuesto, la propuesta elevada por el gobierno al Congreso es insuficiente. Básicamente, contiene el presupuesto que se está ejecutando en 2025, lo que significa que no contempla la necesaria actualización de partidas reclamada en la ley de financiamiento universitario. A nuestro juicio, el presupuesto debería partir de la actualización que esta ley exige, la cual debe compensar la desactualización salarial muy seria que ocurrió en casi dos años. La pérdida salarial se estima en el 40%. Incluso, el propio decreto de veto a la ley de financiamiento contempla que la recomposición necesaria sería del 40% para compensar la inflación de los últimos dos años.

El conflicto gremial ha generado muchos días sin clases. ¿Cómo ha impactado esta situación en la organización de la Universidad Nacional de Córdoba y cuáles son los perjuicios registrados? 

Esta situación de conflicto hace que el funcionamiento no sea el normal ni el adecuado, registrando pérdidas de días de clase y paros durante los exámenes. Estamos pidiendo una actualización del presupuesto, no un incremento presupuestario. Este desincentivo por salarios muy retrasados implica que algunos docentes busquen otros horizontes ante un deterioro salarial tan grave. El clima y las condiciones de trabajo no son las adecuadas, y si se discontinúa el financiamiento para la investigación, se puede perder lo que viene acumulándose en materia de desarrollo de conocimiento desde hace muchos años.

Tras los resultados electorales, el gobierno parece estar fortalecido políticamente. ¿Cree que esta nueva posición dificultará aún más el logro de un acuerdo presupuestario? 

Es una hipótesis difícil de corroborar en este momento. Aspiramos a que haya un nivel de diálogo; desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) planteamos nuestra absoluta disposición a conversar sobre la agenda de política universitaria. Sin embargo, no hemos tenido las respuestas necesarias en relación con el financiamiento, que ha sufrido un deterioro muy marcado y crítico. Comprendemos que la situación fiscal es compleja y que el objetivo del equilibrio fiscal es defendible. No obstante, consideramos que aun en la búsqueda del equilibrio, se deben establecer prioridades para sostener actividades centrales como la educación y la ciencia, ya que son estratégicas para el desarrollo del país.

Desde su rol de economista, ¿cuánto representa el reclamo presupuestario de las universidades en términos de impacto fiscal? El Gobierno argumenta que otorgar esos fondos pondría en jaque el equilibrio fiscal. 

En el caso de la ley de financiamiento universitario, el reclamo representa un porcentaje muy ínfimo: el 0,2% del Producto Bruto. Esta actualización que se reclama no implica una erogación que ponga en jaque el equilibrio fiscal.

Siendo administrador de la universidad, ¿cómo se logra funcionar con un 40% menos de presupuesto real? 

Pudimos resolver los gastos de funcionamiento reasignando partidas y afectando recursos propios que la universidad genera. Por ejemplo, tuvimos que afectar parte de los recursos de nuestro Laboratorio de Hemoderivados para atender gastos de funcionamiento. También utilizamos reservas para sostener políticas de becas, ayuda económica a estudiantes y la actividad científica, que consideramos crucial. Sin embargo, lo que no hemos podido resolver es el deterioro salarial. Dado que el 90% de lo que recibimos va a salarios, no estamos en condiciones de recomponerlos con nuestros propios recursos; de eso dependemos exclusivamente de los fondos que envía el Estado Nacional.

A pesar del apoyo a un ajuste estructural, la opinión pública siempre ha defendido fuertemente la universidad pública y gratuita como motor de desarrollo y movilidad social. ¿Ha percibido usted esta defensa fuera del ámbito universitario, especialmente tras las movilizaciones? 

Sí, absolutamente. Se notó en las marchas que fueron muy multitudinarias. La universidad pública ha logrado un importante grado de legitimidad social y sigue siendo un motor para el ascenso social. Aproximadamente el 70% de los graduados del sistema público son de primera generación. Además, la universidad contribuye a la comunidad con otras acciones, como la Escuela de Oficios, que genera oportunidades de trabajo para personas en situación de vulnerabilidad, o las Universidades Populares, que acercan nuestra acción al territorio. Todo esto contribuye a que la universidad sea reconocida y defendida por la comunidad.

En un contexto de recursos limitados, ¿han encarado procesos de revisión de la efectividad administrativa y de los resultados universitarios, o se limitan solo al reclamo presupuestario? 

Permanentemente estamos revisando los resultados. Por ejemplo, en investigación científica, impulsamos una política fuerte para que la investigación se pueda transferir y transformar en innovaciones en el sector público y privado. Respecto a la actividad académica, reconocemos que la tasa de graduación no es buena. Atendemos el problema de la deserción con seriedad y responsabilidad, pues mejorar la tasa de graduación de manera rápida implicaría relajar los estándares de calidad que se exigen.

Respecto a la duración de las carreras, ¿cómo aborda la universidad el problema de estudiantes que demoran muchos años en graduarse o que tienen dedicación parcial? 

La realidad de los estudiantes es muy variada; hay muchos que trabajan y tienen dedicación parcial (part time). Se está debatiendo y avanzando en la generación de carreras más cortas, acortando las tradicionales e implementando el sistema de créditos para permitir flexibilidad. También se trabaja en la incorporación de titulaciones intermedias, como tecnicaturas al cabo de tres años, y se está tratando de incorporar el formato de educación a distancia, que ofrece un gran alcance y posibilidad de inclusión.

¿Cree que el problema presupuestario se resolverá durante el mandato de este gobierno o anticipa que la disputa se extenderá? 

Esperamos que se resuelva, aunque hasta ahora no ha sido fácil. Confiamos en que la etapa que se reanude tras las elecciones de medio término implique una mayor predisposición a buscar consensos. Si bien ha habido declaraciones preocupantes de algunos actores del gobierno sobre el rol de las universidades públicas, debemos apostar a establecer canales de diálogo. Creemos que ese es el mejor camino para lograr acuerdos mínimos que, indudablemente, deben incluir una recomposición y actualización del presupuesto, ya que es muy complejo funcionar con el deterioro actual.

El programa concluye con una recomendación de libro. ¿Cuál le gustaría compartir con los oyentes de Cadena 3? 

Si es por incursionar en los desafíos que está viviendo el mundo, recomendaría "Los ingenieros del caos" y "El mago del Kremlin", de Giuliano da Empoli, que ilustran procesos políticos que vivimos. También el último libro de Yuval Harari sobre la Inteligencia Artificial. Esos son libros importantes para intentar entender en qué mundo estamos viviendo. Además, uno de mis autores favoritos es "El sueño de los héroes", de Bioy Casares.

Entrevista de Sergio Suppo.