La Fiscalía de Perú presentó una denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte por lesiones durante protestas

La Fiscalía de Perú presentó una denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte por presuntos delitos de "lesiones leves y graves" ocurridas durante las manifestaciones antigubernamentales entre diciembre de 2022 y febrero de 2023. La denuncia se basa en hechos que involucraron a ciudadanos como Ronald Rojas Ramos y Michael Chipana. 

La acusación se realizó específicamente en un comunicado oficial donde la Fiscalía detalló que el señalamiento a Boluarte incluye también a varios exfuncionarios, como los ex primeros ministros Pedro Angulo Arana y Alberto Otárola, así como a los exministros del Interior César Cervantes, Víctor Rojas y Vicente Romero, y al exministro de Defensa Jorge Chávez Cresta. 

El documento establece que, entre el 7 de diciembre de 2022 y el 9 de febrero de 2023, se registraron 75 víctimas, las cuales sufrieron daños por el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza pública por parte de la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas, hechos que debieron ser del conocimiento de los denunciados.

Tras conocerse la demanda, el abogado de Boluarte, Joseph Camps, criticó la acción de la Fiscalía, acusándola de recurrir a "situaciones infames" y de politizar el derecho. Camps declaró en una entrevista que "dicen que se utilizaron medios para aplacar lo que ellos entienden como protesta, cuando no es protesta, porque la protesta nunca puede ser violenta".

Por su parte, el ex primer ministro Alberto Otárola también se pronunció al respecto, cuestionando en su cuenta de X el "ejercicio abusivo" del derecho, al afirmar que el Ministerio Público presenta una tercera denuncia por los mismos hechos.