Rodríguez Machado: “El régimen actual no previene, no resocializa, no repara"

La Cámara de Diputados dio media sanción al nuevo Régimen Penal Juvenil, que incluye la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, en una sesión especial realizada este jueves. El proyecto, impulsado por el Gobierno nacional, obtuvo 149 votos a favor y 100 en contra, sin abstenciones, y ahora pasará al Senado para su tratamiento definitivo.

En diálogo con Cadena 3, la diputada nacional Laura Rodríguez Machado (La Libertad Avanza), presidenta de la Comisión de Legislación Penal y defensora principal del dictamen de mayoría, calificó las jornadas como “positivas” para el Gobierno y para la sociedad. Destacó que se trata de un cambio histórico ante una demanda social fuerte, respaldada por alrededor del 80% de la ciudadanía, según sus palabras. 

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Laura Rodríguez Machado explicó que el objetivo no es solo “amontonar personas” en restricción de libertad, sino implementar un régimen moderno que priorice la resocialización de los adolescentes para su futura inserción en la sociedad. 

“Ya no se puede sostener que un menor de 14 a 16 años que mata, asesina o viola quede en libertad y se lo devuelva a los padres como si nada hubiera pasado”, afirmó, criticando el régimen vigente desde 1980 como arcaico, sin prevención, reparación ni seguridad para las víctimas.

La legisladora rechazó preocupaciones sobre la falta de infraestructura en las provincias para albergar a menores imputables. Recordó que todas las provincias ya cuentan con centros especializados para adolescentes de 16 a 18 años en conflicto con la ley (como el Complejo Esperanza en Córdoba), y que la ley permite convenios con la Nación para financiar casos donde los recursos provinciales no alcancen, siempre priorizando la inversión en seguridad sobre gastos irrelevantes. Subrayó que los delitos comunes (robos, violaciones, hurtos) son responsabilidad provincial, ya que las provincias manejan la seguridad, los ministerios respectivos y los servicios penitenciarios.

Entre los avances del proyecto, Rodríguez Machado resaltó la incorporación de derechos para las víctimas: participación como querellantes, ser oídas en audiencias y acceso a asesoramiento psicológico. También se establece responsabilidad civil para las familias por los daños causados por sus hijos menores. “Es un abordaje integral, como en la mayoría de los países del mundo”, señaló, y valoró la presencia en el recinto de familiares de víctimas de delitos cometidos por menores, quienes apoyaron la iniciativa.

Consultada sobre incidentes de violencia en las manifestaciones opositoras, la diputada consideró que se trata de un patrón recurrente los miércoles en el centro porteño, con fuerte despliegue policial, y celebró los avances en el protocolo antipiquetes para garantizar la circulación y el derecho de los ciudadanos.

La aprobación representa un triunfo parlamentario para el oficialismo, que logró consensos con gobernadores y diversos bloques opositores dialoguistas. El proyecto busca reemplazar una normativa obsoleta por un sistema con enfoque en el debido proceso, sanciones progresivas y la privación de libertad como último recurso, aunque endurece las respuestas ante delitos graves cometidos por adolescentes.  

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