“En los casos que involucran al poder hay una impunidad crónica”, dijeron desde la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia

La filtración de supuestos chats entre funcionarios judiciales, políticos y empresarios de telecomunicaciones, entre otros, la cual motivó una controvertida cadena nacional del presidente Alberto Fernández, sigue generando repercusiones.

En este caso, desde la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), publicaron un texto titulado “Que esta vez sí pase algo”, en el cual se pone de manifiesto la “necesidad de activar en forma urgente los mecanismos institucionales de control competentes para investigar las conductas[…] un paso fundamental para un necesario proceso de saneamiento de las instituciones de nuestra democracia”.

Una de sus autoras, la abogada Celeste Fernández, habló en Informados al Regreso por Cadena 3 Rosario y sostuvo que “estamos muy habituados a que los conflictos que involucran a personas poderosas del ámbito de la política, la justicia o el mundo empresarial no tengan consecuencias”.

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“Hay casos paradigmáticos, pienso en causas penales por corrupción, venimos siguiendo esos procesos penales, la resolución muchas veces excede los 10 años. Si vamos a procesos disciplinarios que se inician a raíz de denuncias en el Consejo de la Magistratura, vemos que esos procesos tampoco suelen llegar demasiado a ningún lado”, agregó.

En función de profundizar los datos vertidos, la letrada especialista en Derecho Procesal contó que en ese organismo “entre 1998 y 2022 se requirieron 4.000 denuncias y hubo muchísimas desestimadas, otras tantas caducaron (sucede a los tres años y no se puede investigar más. Y solo se aplicaron 42 sanciones. Ahora, hay 41 denuncias que están por caducar y en 39 no se tomaron medidas”.

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“Se podría decir que en este tipo de casos que involucran al poder hay una impunidad crónica. El Poder Judicial está visto como un poder muy opaco, no muy permeable, menos sujeto al control ciudadano”, afirmó.

Por último, se refirió a la tarea que tienen por delante los profesionales del Derecho.

“Creo que lo que teneos que hacer como abogados y abogadas es tener una función crítica, tomar esto para proponer reformas. La responsabilidad de los funcionarios por sus actos es uno de los pilares del sistema republicano, no es un poder al margen de la ley”, señaló.

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Y concluyó: “Hace tiempo presentamos a la Corte Suprema una serie de reformas para evitar cosas como esta, pero también por otros desafíos en relación a garantizar el acceso de comunidades organizadas, burocratización, toda una agenda de reformas posibles que requieren de la articulación entre varios actores de diferentes sectores, por momentos uno pareciera sentir que esto está demasiado emparchado, pero de a poco se van logrando cambios. Algunos son más fáciles de promover que otros, pero hay que construir una agenda y es muy importante garantizar la participación ciudadana”.