Juicio a Oscar González: por qué la fiscalía pidió 3 años y 10 meses de prisión

El pedido de tres años y diez meses de prisión efectiva para Oscar González, exlegislador del PJ de Córdoba, tiene dos fundamentos centrales: la calificación legal que sostiene la fiscalía y las circunstancias que valoró para solicitar una pena cercana al mínimo previsto. El juicio por la tragedia de las Altas Cumbres de 2022 todavía no tiene sentencia.

La fiscal Analía Gallaratto, quien llevó adelante la investigación, sostuvo la acusación por homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas. Además de la prisión efectiva, solicitó diez años de inhabilitación para conducir.

Para el homicidio culposo agravado cometido mediante la conducción de un vehículo, el artículo 84 bis del Código Penal establece una escala de tres a seis años de prisión. Dentro de esos límites, la pena se determina según la gravedad del hecho y las circunstancias particulares del acusado.

En el caso de González, la fiscalía ponderó la ausencia de antecedentes penales computables, su comparecencia durante el proceso y que no intentó fugarse ni entorpecer la investigación. Esos elementos explican que el pedido se acerque más al mínimo que al máximo de la escala.

La investigación federal por presunto enriquecimiento ilícito que enfrenta el exlegislador no equivale a una condena. Por otra parte, el análisis de sangre realizado tras el choque no detectó alcohol, por lo que tampoco se le atribuye ese agravante específico.

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La ley fija un rango de penas; el monto concreto surge de la valoración de las circunstancias del caso. Los tres años y diez meses expresan el criterio de la fiscalía, que deberá ser evaluado por el tribunal.

La duración solicitada también explica el carácter efectivo del pedido: supera los tres años, límite que establece el artículo 26 del Código Penal para que una primera condena a prisión pueda dejarse en suspenso.

Según la acusación, González conducía de manera imprudente, a velocidad excesiva, y realizó un sobrepaso prohibido con la camioneta BMW que tenía bajo su custodia por disposición judicial. Esa maniobra lo llevó a invadir el carril contrario y chocar de frente contra el Renault Sandero de la docente Alejandra Bengoa.

El siniestro ocurrió el 29 de octubre de 2022. Bengoa murió y las dos adolescentes que viajaban con ella, su hija y una amiga, sufrieron lesiones de gravedad.

La diferencia con el planteo de la querella está en cómo interpretar la conducta del conductor frente al peligro. Los representantes de las víctimas reclamaron diez años de prisión por homicidio con dolo eventual, al sostener que González asumió el riesgo de provocar una tragedia y continuó con su comportamiento.

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El dolo eventual no exige que una persona tenga como objetivo matar. Requiere acreditar que se representó la posibilidad concreta de causar una muerte y actuó de todos modos, aceptando esa posibilidad. En la llamada culpa consciente, en cambio, el conductor advierte el peligro, pero confía en que podrá evitar el resultado. Esa distinción fue desarrollada por el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba en su jurisprudencia sobre siniestros viales.

Por eso, la discusión exige analizar las pruebas y las circunstancias de la conducción. La gravedad de una infracción, por sí sola, no resuelve si hubo imprudencia o dolo eventual. En este juicio, la fiscalía y la querella sostienen interpretaciones diferentes sobre ese punto.

El alegato de la defensa está previsto para el 28 de septiembre. La sentencia se espera en octubre, cuando se cumplirán cuatro años de la tragedia. El tribunal deberá resolver la responsabilidad de González, la calificación legal y, en caso de condenarlo, la pena correspondiente.

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Informe de Juan Federico.