Un Presupuesto más realista en un mundo más turbulento

Hay una frase del Gobierno que me parece particularmente interesante en este momento: no habrá "plan platita" mientras Javier Milei sea presidente. El vocero Adrián Ravier lo dijo con absoluta claridad y, al mismo tiempo, el propio Presidente reconoce que la foto de la Argentina todavía está lejos de ser la ideal. Tenemos inflación, pobreza y problemas concretos que siguen afectando a una parte importante de la sociedad. La discusión, entonces, pasa por la foto y por la película.

Milei sostiene que la película es una de las mejores de la historia reciente: habla de una reducción significativa de la pobreza y la indigencia, de una baja de la inseguridad, del final de los piquetes y de una recuperación del turismo. Esa es la narrativa oficial. Pero cuando uno mira hacia adelante, aparecen preguntas que son mucho más complejas y que tienen que ver con la capacidad de transformar esa estabilización en crecimiento sostenido.

Y ahí aparece el presupuesto. El Presidente envió finalmente a la Cámara de Diputados el proyecto de Presupuesto 2027, cumpliendo con la Ley de Administración Financiera. Según lo previsto, la discusión en comisión comenzaría en octubre. Pero hay un dato político que no debería pasar inadvertido: por primera vez desde que Milei es Presidente, no irá personalmente al Congreso a defender su presupuesto. La presentación estará a cargo del secretario de Hacienda, Guberman.

Yo veo en esto un cambio de perfil. Hay un tono mucho más bajo que en los presupuestos anteriores, y quizás no sea casualidad. Este presupuesto es más realista. Contempla una desaceleración de la inflación mucho más lógica, alejada de aquellas proyecciones que parecían construidas sobre los deseos del Gobierno antes que sobre las restricciones de la economía argentina.

Durante los primeros años, los presupuestos oficiales proyectaban escenarios que después no se verificaban: una caída acelerada de la inflación, un crecimiento extraordinario, prácticamente tasas chinas. La realidad fue otra. El último presupuesto llegó a ser, en muchos aspectos, un presupuesto para un país virtual, muy diferente del país que efectivamente teníamos. Y este año aparece una corrección significativa: la inflación prevista es aproximadamente tres veces superior a la que había contemplado el Congreso el año pasado.

Entonces, ¿para qué sirve un presupuesto que no se cumple? En principio, para muy poco. Y hay algo todavía más importante: cuando el presupuesto deja de ser una herramienta precisa, aumenta la discrecionalidad del Poder Ejecutivo. El Congreso aprueba determinadas partidas, pero después el Gobierno puede reasignar recursos, postergar gastos o priorizar determinadas áreas. La llamada “ley de leyes” termina convirtiéndose en una especie de trámite administrativo.

Eso tiene consecuencias políticas muy concretas. Si una provincia recibe determinados recursos y otra no, si una universidad obtiene financiamiento y otra queda esperando, si una obra pública avanza o se frena, el presupuesto deja de ser simplemente una cuestión contable. Se transforma en una herramienta de poder. Y por eso me parece relevante lo ocurrido ayer con la Universidad de Buenos Aires, que organizó clases abiertas y consultorios en Plaza de Mayo para mostrar las dificultades de financiamiento que atraviesan las universidades.

Recordemos, además, lo ocurrido el año pasado, cuando el Congreso logró revertir un veto presidencial. Fue un episodio excepcional en la Argentina reciente y mostró que, en determinadas circunstancias, el Poder Legislativo puede recuperar protagonismo frente al Ejecutivo. Por eso considero que un presupuesto más realista representa, más allá de las diferencias políticas, un salto institucional: permite que el Congreso discuta sobre números posibles y no sobre utopías.

Ahora bien, también hay que discutir por qué la inflación sigue siendo tan elevada después de todo este tiempo. Y acá aparece una cuestión central: todavía no se hicieron muchas de las reformas estructurales que necesita la Argentina. No tuvimos una reforma tributaria integral, ni una reforma previsional, ni una reforma monetaria, ni una financiera, ni una discusión profunda sobre el federalismo. Y tampoco hubo una transformación sustancial de servicios públicos esenciales como la salud y la educación.

Lo mismo ocurre con la infraestructura. Durante años el Estado estuvo ausente de áreas básicas y ahora aparecen procesos de privatización que habrá que observar con mucha atención. El caso de AySA es particularmente relevante: se presentaron dos propuestas para competir por la concesión, con empresarios argentinos asociados a grupos extranjeros. Se habla de una operación de entre 400 y 500 millones de dólares, que podría convertirse en una de las privatizaciones más importantes de la era Milei.

Pero ahí también aparecen interrogantes. El pliego contempla un horizonte de 40 años para alcanzar determinados objetivos de expansión de cloacas y agua potable. ¿Realmente podemos pensar en una Argentina que necesita esperar cuatro décadas para garantizar servicios básicos? Se ha señalado incluso que todavía faltan millones de inodoros en el país. Más allá de la cifra puntual, el problema es evidente: estamos hablando de infraestructura elemental para la calidad de vida de millones de personas.

Y después aparece otra contradicción importante: la Argentina tiene un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que contempla el regreso a los mercados internacionales, pero el Gobierno no parece tener apuro por volver a emitir deuda. La explicación oficial es que el mundo está atravesando una enorme turbulencia y que no tiene sentido exponerse ahora a tasas elevadas. Pero la pregunta inevitable es otra: ¿por qué no se aprovechó la ventana que existió algunos meses atrás, cuando las condiciones financieras parecían más favorables?

La respuesta está, en buena medida, en el riesgo país. La tasa de interés es una forma de medir la confianza que los mercados tienen sobre un país. Si un banco considera que existe mucho riesgo, cobra más caro. Y si la Argentina vuelve al mercado internacional en un contexto complicado, puede terminar pagando costos muy elevados. Por eso entiendo el argumento del Gobierno cuando dice que prefiere refinanciar vencimientos antes que salir a buscar dinero fresco. Pero también entiendo que esto genera una contradicción con los compromisos asumidos.

Y no podemos analizar todo esto sin mirar el contexto internacional. Estamos en un mundo mucho más turbulento. En Europa, la discusión sobre una eventual escalada entre Rusia y los países de la OTAN dejó de ser una cuestión marginal para convertirse en un debate de seguridad permanente. Al mismo tiempo, Estados Unidos enfrenta tasas de interés elevadas, con hipotecas que pueden ubicarse en niveles muy altos y créditos todavía más caros para quienes tienen peores antecedentes financieros. Es un escenario difícil para cualquier economía.

Por eso termino con una idea que me parece central. El nuevo presupuesto no es perfecto, ni resuelve los problemas estructurales de la Argentina, ni garantiza que las proyecciones se cumplan. Pero es más realista que los anteriores y eso, en sí mismo, puede representar un cambio institucional relevante. Milei parece haber entendido que bajar la inflación no es un acto de voluntad ni ocurre de un día para el otro: requiere tiempo, reformas y crecimiento. Y quizás la paradoja sea que el Presidente esté demostrando ser mejor político que economista. Como economista planteó presupuestos que nunca se cumplieron; como político, ahora parece dispuesto a corregir el rumbo y ofrecerle a la Argentina algo que necesita desesperadamente: un poco de previsibilidad en un mundo cada vez más impredecible.